Con la firma del tratado de paz se asoman nuevas preocupaciones por la naturaleza.
Algunos se preparan para conocer sitios que antes, con los costos de aviones y la incertidumbre de las carreteras, no estaban al alcance de todos. Otros se alistan a proteger las zonas naturales, “bosque y humedales en los que tendrá impacto el posconflicto”. Se estudian estrategias de restauración ambiental en áreas en que se concentrará la desmovilización. Entendidos y organizaciones hacen listados de áreas con prioridad. Quizás otro de los sitios “a proteger”, en los que se concentrará el futuro más próximo, sea la ciudad. La ciudad que recibe de mala gana, con sus áreas metropolitanas, sus motos y sus atardeceres de trancón.
Existen pocas iniciativas enfocadas en las naturalezas urbanas. Las existentes se concentran en protección de zonas verdes, pájaros, cuerpos de agua cristalina. “Las ciudades son oportunidades para la biodiversidad” afirma, por ejemplo, el Instituto Humboldt. Los entusiasmos medio ambientales pueden servir de paraguas para preguntarnos por otras naturalezas urbanas. Por basureros, refinerías, desembocaduras de plantas industriales metropolitanas, orines y papeles usados. Las cañerías que escurren agua sucia, el agua con jabón viejo, el agua empozada, o guardada en baldes por dentro de la casa. El aire apretado con humo de buses, los zancudos, las latas, el barro.
En la ciudad que recibe de mala gana, cruzada por desigualdades pulpitas, se ha naturalizado la injusticia medioambiental. Se siente normal y cotidiana la distribución de la contaminación: el hecho de que algunos barrios estén encargados de vivir entre la basura y en ausencia de drenajes apropiados (y de que algunos pobladores sean más vulnerables a la lluvia, la humedad, o la sequía, el sofoco, las inundaciones, la bulla y los olores). En Bogotá, Cartagena, Villavicencio o Soledad, las tierras más verdes, con sombras y parques, mejores canalizaciones, fuentes y servicios de recolección de basura no están al alcance de la población más pobre, o que viene llegando con expectativas y sin trabajo. Entonces, en una seguidilla de inequidades históricas, la contaminación es permitida (acumulada) en algunas calles.
Se permite que en determinados barrios se concentren actividades de reciclaje, vivienda informal, disposición de residuos industriales. A través de este mecanismo se voltea la torta: se asiente a la contaminación de sitios en los que viven y trabajan ciertas poblaciones y al mismo tiempo estas personas se clasifican como “contaminadoras”. Ante la opinión pública, se asocian las poblaciones a los lugares y se afirma hasta el cansancio que juntos, inseparables, materializan una amenaza para la limpieza (y el orden). Esta trenza apretada entre sitios y personas “sucias” encierra los problemas medioambientales más graves dentro de algunos barrios y hace posible que el resto de la ciudad se sienta a salvo de las malas naturalezas y no sienta culpa ni responsabilidad alguna. Así, se vuelven normales y pasan desapercibidas políticas peligrosas con matices de limpieza social.
En el marco del programa “La Casa en Orden”, la Alcaldía de Bogotá sigue bregando para desperdigar poblaciones que vivían en condiciones ambientales precarias. Comerciantes de la localidad de Mártires piden su reubicación “aunque la Policía realiza controles solo se ha conseguido que los habitantes de la calle se desplacen por el mismo sector, porque no tienen más a donde ir”. El director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, afirma que “puede que se resuelva el tema de impunidad (acabar con el Bronx), pero no se puede resolver el drama personal de los adictos, aunque los lleven a un mejor sitio, les den comida o los bañen, no existe un tratamiento que los rehabilite del bazuco”. Y un titular de El Tiempo describe estos barrios como “la mayor degradación social del país”.