En un libro sobre la paciencia y el Estado, Javier Ayuero analiza los tiempos en los que la gente espera por un trámite para obtener un beneficio, un derecho, un subsidio.
Muy a grandes rasgos, Ayuero entiende esta espera como un proceso a través del cual, mes a mes y hora a hora, se reproduce una subordinación política y se construye un tipo particular de ciudadanía.
En Colombia, hoy y a esta hora, hay gente parada en fila, sentada hasta que salga su número en las pantallas, oyendo música y/o propaganda en el teléfono mientras alguien contesta. Gente que está en medio de un trámite de subsidio educativo o de vivienda, o que busca ser incluida en alguna lista que desemboque en un programa social. Que está solicitando una restitución de tierras o contando los días para que surta efecto una decisión judicial que le restituyó derechos en salud. Estas personas generalmente saben que transitarán de la frustración a la esperanza de recibir el beneficio (o viceversa). Saben también que hay maneras. Formas de colarse, de presionar o de acelerar firmas. El intercambio de servicios con algún político, la pertenencia a un partido, la ayuda (paga) de un tramitador, una solución W, una oleada momentánea de indignación mediática que genere presión sobre el que toca.
Hay algunas poblaciones que también están esperando: no a que venga nada, sino a que se vayan los aviones que fumigan con Round-up. A estas poblaciones, siempre pospuestas, se les ha informado en discursos tibios que tienen que esperar, pues mucho tiene que cambiar antes de que cese la aspersión. Primero había que tener certeza científica y periodística de que sus quejas eran ciertas. Y aunque por más de una década dominó, entre los círculos influyentes, la incredulidad o la burla, en los años más recientes la academia y la prensa pudiente (Los Andes, columnistas de El Tiempo, la ONU) han reconocido que la medida no es efectiva y tiene efectos en la salud de las comunidades y el ambiente en general. Esto no ha sido sin embargo suficiente, por lo que pasan los días a la expectativa de un nuevo estudio, al que le sigue otro y otro.
Así, mientras en conversatorios, en universidades o por fuera del país se pregona una actitud crítica, la aspersión es rutinaria. Hay quienes sugieren que habrá que aguardar al desmonte total de la guerra estadounidense contra las drogas. Otros dicen que hay que aguantar hasta el fin del proceso de paz. Cuando este se acabe por completo, se firmen y refrenden acuerdos y se lleve a cabo la desmovilización. Cuando no haya reductos de la guerrilla y se llegue a acuerdos en los que las comunidades se comprometan a erradicar por completo los cultivos. Sólo en ese momento, quizás, mermará la fumigación. Pues si se encuentran resistencias, “el Gobierno se reservará la posibilidad de recurrir a la aspersión”.
Mientras tanto sigue lloviendo pesticida y tras casi dos décadas de marchas, cartas y peticiones, las comunidades campesinas, negras e indígenas que las combaten tienen ya una idea clara sobre el valor de su ciudadanía. Aun si el Estado colombiano no funciona, no copa su territorio o no tiene recursos, sí cuenta con la capacidad de hacerlos esperar. En el caso del Round-up, el tiempo que pasa es especialmente devastador, pues se juega a cada momento el futuro. El futuro en la forma de un embarazo deseado y perdido. De un colectivo de animales, matas y ríos que no son lo que eran.