«Guatemala vive recha de violencia electoral», titulan alarmados los medios de comunicación centroamericanos.
La razón: faltando poco más de un mes para las elecciones de septiembre se registran 35 homicidios, principalmente de candidatos a las corporaciones municipales, pero también de líderes o políticos locales. Habrá quienes piensen que, con una lista de 21 candidatos, 10 líderes comunales y 4 políticos locales asesinados, a dos meses y medio de los comicios del 11 de octubre, merecemos un titular similar.
Se ha iniciado la cuenta regresiva para las elecciones de mitaca que en octubre, cada tanto (y desde las primeras décadas de nuestra vida republicana) son un escenario en el que la democracia se topa con serios límites. Una revisión de prensa o de los archivos del ministerio de gobierno basta para constatar cómo distintos actores a lo largo de los años han planeado, consentido y ejecutado asesinatos selectivos durante los meses previos a estas elecciones, con la intención de mantener o subvertir el orden y el poder en ciertas regiones.
Élites armadas, parroquias combativas, guerrillas, paramilitares, carteles de la droga, agentes del Estado salidos del margen de la legalidad y bandas criminales emergentes o afianzadas han participado distintamente en estas pugnas, según la región y la época. Pese a que es evidente que los contextos, las cifras y las motivaciones han variado, puede decirse que la gesta electoral de mitaca, como ninguna otra, señala los territorios que el Estado no copó y los municipios en los que sus instituciones se encuentran criminalizadas.
La antesala a las elecciones de octubre evidencia, además, los cambios y continuidades en el conflicto armado. Las historias de los 35 asesinatos y 77 amenazas de muerte quizás ponen de relieve un nuevo momento en las estrategias de las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl. Y nos recuerdan también que las llamadas bandas criminales, que también participan con sus balas, no sólo se dedican al narcotráfico.