EN 1961, YA RETIRADO DE LA ACTIVIdad política, Laureano Gómez hizo una excepción para referirse a la reforma agraria que entonces se debatía en el Congreso.
Para Gómez el asunto era sencillo: el proyecto de reforma era “vulgar demagogia” y no existía en Colombia problema alguno de concentración de la tierra pues había numerosos espacios por colonizar. “Si quieren que haya tierra para los campesinos, el país tiene abundantísimas tierras (…) son pantanos pero si se secan pueden redistribuir ahí lo que se quiera, sin perjudicar a ningún propietario legítimo”, propuso.
Medio siglo después, es posible afirmar que la premisa fue implementada al pie de la letra. Adoptada por sucesivos gobiernos que para no molestar a “propietarios legítimos”, reinó a lo largo de los setenta y ochenta la idea de que es bien visto el retiro hacia las tierras donde no hay vacas (ni instituciones del Estado).
Durante los últimos 25 años la proposición laureanista (“campesinos al pantano”) inspiró a toda una amalgama criminal de narcos, paras y guerrilleros que con afanes latifundistas, y auxiliados por notarios, lograron hacerse a dos millones de hectáreas que les fueron arrebatadas a 450 mil familias, y a cuatro millones de hectáreas abandonadas por temor al regreso. Los campesinos, a los que ya se les había deparado el fangal, ahora debían distribuirse las aceras de Villavicencio y los semáforos en Bogotá.
La aprobación, en combo con la Ley de Víctimas, de la Ley de Tierras desafía la lógica laureanista del pantano. Aunque ha sido tildada de tímida, supone la labor de organización de títulos, la distribución de tierras incautadas al narco, y el saneamiento de agencias estatales. En un contexto de conflicto armado, con un sistema de notariado y registro penetrado por la criminalidad, se trata de una buena noticia.
No deja de ser una lástima, sin embargo, que los avances lleguen como reacción al desmadre de los violentos. La idea del pantano sigue ahí.