El día jueves, la Comisión Interdisciplinaria creada para estudiar la posibilidad del fracking le recomendó al gobierno de Duque iniciar “pilotos integrales de exploración mediante esta técnica”. La estimulación hidráulica fue introducida comercialmente por una compañía estadounidense en 1949, pero tiene sus raíces en el uso de líquidos explosivos para estimular los pozos de petróleo en la década de 1860. Por todas pares se conoce hoy como fracking e implica un proceso de bombeo de «fluidos de fractura» (una mezcla de agua casi siempre dulce, arena de sílice y productos químicos) a una presión muy alta en formaciones de gas permeables. La inyección crea fracturas que permiten el flujo de gas hacia el pozo.
Disciplinas como la ecología, hidrología y la geología han investigado los impactos ambientales del fracking, centrándose en la posible contaminación del aire y del agua, pues dicha tecnología no sólo influye en el agua subterránea sino también en el aire, el suelo, la vegetación, vida silvestre y humana. Los posibles impactos sobre el agua ocupan un lugar destacado, pues se requieren altos volúmenes de agua, que a veces superan los 5 millones de galones (18.9 millones de litros) por cada fractura. Y un pozo puede ser fracturado hasta 40 veces. En Australia e India, por ejemplo, se ha documentado el agotamiento o la contaminación de los acuíferos, así como al daño ambiental en la superficie causado por errores humanos en el manejo de los grandes volúmenes de las aguas residuales.
Pese a las ansiedades que lo rodean el fracking sigue representando, a grandes rasgos, el progreso científico de la sociedad. E incluso son muchos los que, dentro de la academia sostienen que es un paso conveniente hacia una transición energética (independientemente de investigaciones que demuestran que puede ser una fuente importante de gases de efecto invernadero). Así, comisiones, sabios y entendidos sostienen que hay que darle “vía libre” a esta técnica en el país. “Cumpliendo unos requisitos, se puede avanzar con proyectos pilotos integrales de investigación con técnica de fracturación hidráulica propuestos en los programas exploratorios”, afirmaron los voceros de la comisión de expertos.
Mientras estas certezas se celebran hoy en Colombia, investigadores y activistas en países en que la mentada técnica tiene alguna tradición, coinciden en que es necesario analizar el papel que juegan las desigualdades existentes en el desarrollo de estas actividades. En países como Canadá y Estados Unidos se registra una distribución desproporcionada de las cargas y los beneficios del fracking, pues comunidades con menores grados de influencia y de voz (poblaciones indígenas, afroamericanas o hispánicas) corren con los riesgos ambientales (y de salud) sin recibir beneficios económicos directos y otros obtienen los beneficios sin estar expuesto a riesgos.
Hay quienes ganan y quienes pagan en cualquier experiencia extractiva (al que le quede duda que repase la historia de Barranca o Tibú o Sabana de Torres). La distribución de beneficios es considerablemente injusta en contextos como el nuestro donde la regulación no es necesariamente vinculante ni fuerte -y donde son hondas las fracturas de la desigualdad. A más inequidad, mayor será el daño colateral que experimenten comunidades sin mayores márgenes de maniobra.
Todo el mundo sabe que necesitamos energías distintas de las generadas a punta de carbón, pero no a cualquier precio. Si en Colombia el parque eólico Jepírachi en Uribia, con una tecnología aparentemente inocua y benigna que obtiene energía a partir del viento, generó brotes de violencia y desplazamiento contra la población wayúu, sólo dificultades se pueden esperar de la entrada en marcha del fracking.