Corría el año de 1933 cuando Gustavo Gómez, director de la Policía Nacional, se embarcó en el proyecto de clasificar a todo el personal bajo su mando.
El informe, que analiza cada una de las ocho divisiones que existían, concluye que el 53% de los oficiales son “dignos de confianza”, el 7% son “dudosos” y un 40% son “indeseables” (“no dignos de confianza”).
En general, durante toda la primera mitad del siglo veinte, funcionarios conservadores y liberales intentaron de varias maneras “depurar” la policía y ejercer control sobre las divisiones de provincia que actuaban con independencia del centro y que, en muchas ocasiones, fueron acusadas de participar en política y de aliarse con contrabandistas y criminales varios.
En 1939, buscando conformar un cuerpo más “preparado”, comenzó a exigirse “un examen intelectual de las cuatro operaciones de aritmética y nociones de historia y geografía patria”. En 1941 se pedían referencias de “honorabilidad” a los futuros oficiales. En 1947 se denunció que los agentes eran reclutados en los corruptos “bajos fondos urbanos” y se propuso buscar a los futuros policías en el campo, entre “una juventud sencilla, sana y de trabajo”.
Sobra decir que los sueldos eran pésimos, la contienda partidista intensa y el contrabando lucrativo. En cuanto a las reformas, habría que hablar de un fracaso. Tras el 9 de abril, además, la Policía Nacional fue disuelta en su totalidad.
En la actualidad hay voces que denuncian una situación de descontrol similar. Ya no de parcialidad partidista, pero sí de nexos de la entidad con criminalidad organizada. Se dice que en EE. UU. hay por lo menos ocho expedientes de oficiales vinculados a la Policía. E igual, la disolución ya no es una posibilidad.