EL PERÚ ES UN PAÍS MINERO. LOS proyectos de inversión extranjera en minería no paran de crecer. El preciado oro se vende a precios históricos. El PIB aumenta. Perú, gritan los entusiastas, es el próximo Chile.
El gran poder que emana de semejante capital económico lo ostentan grandes empresarios, agrupados en la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Es tal su importancia y capacidad para desestabilizar gobiernos, que la misma organización tiene injerencia sobre los impuestos que le son cobrados. Además, escoge cuándo acatar regulaciones ambientales o laborales. Sus miembros han preferido comprar seguridad, propiciando el florecimiento de enormes empresas de seguridad privada que cuidan minas, “supervisan” huelgas y detentan un pie de fuerza superior al del Estado peruano.
A diferencia de la antigua minería, en la que campesinos vecinos trabajaban estacionariamente en los tajos abiertos con el fin de hacerse a un dinero extra, la nueva minería peruana no necesita de mano de obra municipal. Los técnicos vienen de afuera, junto con los materiales y las directivas. Incluso la comida. A cambio, dejan pasivos ambientales e inflaciones locales. La mina —que chupa agua y consume tierra— ha dado al traste con las agriculturas locales.
Entre tanto, partidos y políticos supeditados al poder minero reciben amplias dádivas al tiempo que pierden cualquier capacidad de representación. En otro plano, el 78% de los trabajadores mineros, según una encuesta reciente realizada por la Pontificia Universidad Católica, dice no tener seguro alguno de salud. Se profundiza, pues, la brecha entre un país moderno y próspero y uno pobre, auténticamente deprimido. La violencia, por lo demás, persiste en las regiones que devastó durante los ochenta. Ayacucho y Cuzco no participan del entusiasmo que se tomó a la nación. El Estado, a todas estas, come callado.
En Colombia queremos consolidarnos como un país minero. Con fuertes instituciones locales, excelentes parlamentarios, rigurosa legislación laboral, sólido Ministerio del Medio Ambiente y unas élites locales reticentes a contratar seguridad privada, estamos, seguramente, en la víspera de tiempos mucho mejores.