En 1931 el servicio de agua de la casa del alcalde de Bogotá fue suspendido por falta de pago. Durante una visita de rutina, un empleado del Acueducto encontró que el agua había sido reconectada.
El empleado lo reportó y la junta directiva decidió multar al mandatario por la reconexión ilegal y exigirle el pago inmediato de la deuda. Ya entonces el acueducto contaba con una junta directiva autónoma y técnica. Otras políticas, igualmente innovadoras, habían sido adoptadas en 1929: medidores de agua para prevenir el desperdicio y subsidios cruzados para aumentar la cobertura. En Medellín lograron una empresa similar y mejor.
Hoy, mientras Bogotá y Medellín reciben elogios internacionales y son paradigma de eficiencia (y hacen realidad el “mínimo vital gratuito” ideado por la Corte Constitucional), en Tumaco el agua llega a veces, siempre sin presión. La ciudad está dividida en tres sectores y cada tres días se bombea agua para uno de ellos.
¿Qué hace posible que, con tanto éxito en la prestación de este servicio en otras partes del país, los tumaqueños estén esperando la reconstrucción del acueducto desde 1979? ¿Qué posibilita que, cada tanto, algún viceministro anuncie la “reapertura de la obra” y no pase nada? Cuando se cubre la noticia, funcionarios desde Bogotá repiten que “allá se lo robaron todo” y que “en Tumaco todo es corrupción”. La prolongación de la situación se recibe con cinismo y resignación, pues “ellos son así”. Ninguna responsabilidad para los gobiernos nacionales de turno, o para los organismos de control a nivel central que llevan investigando desde 1994 la pérdida de los recursos sin ningún resultado. Y aun así, seguimos siendo ejemplo a seguir.