La página web del Comando Militar de las Fuerzas Armadas anunció con bombo esta semana que la Armada incautó un total de 1,2 toneladas de clorhidrato de cocaína, tras una operación de alto nivel “por aire, mar y tierra”. Las toneladas fueron manipuladas de inmediato por la Fiscalía que se encargó de practicar pruebas para confirmar la composición de lo incautado. La operación que tuvo lugar en uno de los brazos del río Naya, en su paso por Buenaventura, habría impedido que las organizaciones narcotraficantes recibieran “más de 40 millones de dólares, producto de la venta del alcaloide en el mercado internacional”. La noticia se reprodujo con orgullo en televisión y radio en donde oficiales pidieron a la ciudadanía de Buenaventura denunciar cualquier actividad sospechosa a las líneas 146 y 147 disponibles las 24 horas del día. Oficiales y funcionarios también recalcaron que “ante la pandemia mundial, Colombia mantiene sus esfuerzos contra el narcotráfico en el Pacífico”.
Quizá esos son (y han sido) los principales “esfuerzos” del Estado colombiano en Buenaventura. Tal vez esa suma de tecnologías y operaciones “por tierra, mar y aire”, en persecución de sembradíos y clorhidratos, sea de las únicas formas en que distintos gobiernos se han interesado en llegar de manera cotidiana y generosa a esta ciudad. Con o sin pandemia, el Estado hace presencia por medio de las Fuerzas Armadas que vigilan el puerto para, por una parte, castigar el narco y, por otra, proteger las inversiones privadas del puerto.
Buenaventura, que se ha urbanizado de manera desigual desde que se convirtió en el principal puerto marítimo del país en los años de 1920, se ha enfrentado a graves crisis de acceso a agua, salud y empleo durante la última década. En el caso del agua, pese a estar inserta en una red de ríos, la ciudad accede a la del acueducto de forma intermitente y una gran mayoría cosecha agua de lluvia. Únicamente la sociedad portuaria recibe agua de buena calidad de manera ilimitada. Hay esperanzas de mejoras, pues el contrato de concesión, con el cual la empresa privada Hidropacífico presta el servicio, está llegando a su fin y nuevas fuerzas en el poder local, hijas del paro cívico de 2017, se preparan para retomar el servicio público y mejorarlo. Sin embargo, en el marco de la gran crisis desatada por el COVID-19, no se harán grandes progresos sin una inversión importante y sostenida.
En días pasados el exgobernador del Chocó Luis Gilberto Murillo alertó sobre la desesperanza que se ciñe sobre el Pacífico. Afirmó que esta es “una región distinta y requiere un tratamiento especial” no solo por la falta de acceso a infraestructuras básicas como las de agua o saneamiento, tras décadas de poca inversión estatal en una historia de racismos estructurales, sino también porque el 80 % de sus habitantes viven de la informalidad.
En un tono similar, el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, le pidió al presidente Iván Duque la creación de una gerencia nacional para que atienda a todo el Pacífico. Vidal denunció que durante la emergencia social y sanitaria decretada “no hemos tenido un eco en el Gobierno nacional para Buenaventura y el Pacífico”. Y añadió que “el Gobierno nacional históricamente ha tenido olvidado al Pacífico y en esta crisis pareciéramos que no existiéramos”.