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Prófugos de la provincia

10 de septiembre de 2014 - 10:18 p. m.

En noviembre de 2009 el Gobierno venezolano anunció la detención de Magaly Yaneth Moreno, requerida en Colombia por el delito de homicidio agravado.

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El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tareck El Aissami, afirmó que “la capturada” además de ser paramilitar era “persona de confianza” del exfiscal general Luis Camilo Osorio (para entonces embajador de Colombia en México). “Este hecho indica la descomposición moral del gobierno de Álvaro Uribe”, concluyó El Aissami. Horas después, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, desmintió estas afirmaciones: “todo ello es falso; la realidad es que Moreno es una delincuente vinculada por concierto para delinquir en Cúcuta desde el año 2005 y se fugó”.

Finalmente, la propia detenida desmintió al ministro Silva. Tal y como lo había hecho antes de escapar, en 2005, Moreno reconoció que sí trabajaba para los paramilitares. Sin embargo, no era ella (una funcionaria de segundo nivel del CTI) la que manejaba el engranaje entre paras y agentes del Estado, sino su jefa, Ana María Flórez, directora seccional de fiscalías de Cúcuta (nombrada desde Bogotá por Luis Camilo Osorio). A diferencia de Magaly Yaneth Moreno, que ha sido capturada dos veces y cumple sentencia en el Buen Pastor, Ana María Flórez huyó en 2004 apenas se le expidió orden de captura y hoy goza de cierto olvido por cuenta de los medios y las autoridades.

Es inesperado que se siga manteniendo bajo el radar, pues no son pocos los dedos que la señalan como colaboradora o autora de crímenes. Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, y Albeiro Valderrama Machado, alias ‘Piedras Blancas’, revelaron que la exdirectora les pidió buscar jóvenes para hacerlos pasar como paramilitares y así poder mostrar algunos falsos resultados. Salvatore Mancuso afirmó que Flórez colaboraba con los altos mandos de la organización. El jefe paramilitar añadió que también trabajaron de la mano con la seccional del DAS y que en Norte de Santander recibieron listas para hacer “el trabajo sucio” de sectores de las Fuerzas Militares.

Desde 2007 Flórez tiene una condena de 12 años por los delitos de concierto para delinquir y utilización indebida de información oficial. En 2013 fue llamada a juicio, pues la Fiscalía considera que fue clave en permitir el libre accionar del paramilitarismo en Norte de Santander, entre 2002 y 2003. Es probable que tenga responsabilidad en los delitos de lesa humanidad que se cometieron entonces. Es posible, también, que tenga mucho que decir sobre la trenza entre paramilitares, fuerzas estatales, altos funcionarios, comerciantes, contrabandistas y narcotraficantes que se consolidó en el departamento y todavía no se desenreda. O no puede ser desenredada: la Fundación para la Libertad de Prensa ha registrado 49 acciones (amenazas y agresiones) contra 85 periodistas en el departamento desde el 2006 hasta agosto de 2014.

Por estos días en que hablamos de funcionarios de primera línea que se han dado a la fuga en otros países, poco se habla de Ana María Flórez, directora seccional de fiscalías de Cúcuta, quien lleva diez años por ahí. Como Flórez, otros prófugos que delinquieron en la provincia tampoco están entre los acontecimientos noticiosos del fiscal o de algunos medios de comunicación.

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