En su última columna, Daniel Coronell rastrea una declaración dada por Alejandro Ordóñez en 1987.
En ella, el entonces concejal conservador afirma que los grupos de autodefensa “se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva”.
Coronell corrobora la autenticidad del extracto de prensa y anuncia que nos develará “el contexto nacional en el momento de las declaraciones”. Sin embargo, la columna contiene poca información. Confirma la existencia (para 1987) de las Autodefensas del Magdalena Medio y de los Tangueros. Luego anuncia que seis días después de las declaraciones “las autodefensas que justificaba Ordóñez” asesinaron a “Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda, médicos y defensores de los derechos humanos” en Medellín, y dos meses después “masacraron a 19 comerciantes en Cimitarrra, Santander”.
Pese a la promesa, la columna no da contexto alguno sobre 1987. En lo nacional, estaba vigente la Ley 48 de 1968, que le permitía al Gobierno armar a la población para restaurar el orden público (sólo en 1989 se prohibió la creación de grupos paramilitares).
En Santander hacían presencia cinco frentes de las Farc y dos del Eln. Las Autodefensas del Magdalena Medio tenían control en las provincias de Comunera, Vélez y García Rovira. De acuerdo con datos de la Vicepresidencia, la presión de la Fuerza Pública se concentró contra la guerrilla. Y fue la guerrilla, no la Fuerza Pública, la que resistió el ingreso del paramilitarismo. Santander era principalmente liberal y son grandes líderes liberales de entonces los que han sido acusados como promotores del paramilitarismo. Alias Vladimir sostuvo que durante los 80 el paramilitarismo del Magdalena Medio colaboró con Norberto Morales y que la masacre de La Rochela fue instigada por Tiberio Villarreal.
El procurador actual no es el único simpatizante del paramilitarismo en Santander que contó con buena suerte. Otros, quizá financiadores directos, gozan de amplio poder. Morales es uno de los beneficiados de las megapensiones para congresistas. El proceso contra Villarreal por La Rochela no avanza. Políticos de Convergencia Ciudadana, que colaboraron con el bloque Central Bolívar durante la década de los 90, siguen haciendo campañas —sus familiares más cercanos son quienes dirigen el departamento—.
No es mi propósito defender a Ordóñez, que es el peor procurador que ha tenido el país. Pero al pedazo de periódico se le pueden hacer otras preguntas, sobre todo cuando se cuenta con los recursos investigativos de Coronell. Puede construirse un relato histórico distinto de la indignación contra una persona. Preguntarse por los colectivos que pensaban como Ordóñez y que legitimaron la seguridad privada, el asesinato de rivales y de poblaciones enteras. El uso de acontecimientos violentos de manera instrumental para probar una tesis vendedora (que Ordóñez apoya los paramilitares) puede además banalizar al paramilitarismo.
Hace pensar, por ejemplo, que se trató de un fenómeno homogéneo, de buenos y malos, sin diferencias regionales y con un culpable particular.