Se evalúa por estos días la política de restitución de tierras.
Human Rights Watch señala la lentitud del proceso y la Unidad de Víctimas responde con cifras y porcentajes. HRW afirma que están maquillando los datos. Entre tanto se alerta sobre el alto número de amenazas contra reclamantes (las denuncias pasan del medio millar y se encuentran en una impunidad casi perfecta).
En este contexto cabe preguntarse por la suerte de los procesos de restitución de agua. Pues en Colombia el despojo no sólo fue de tierra.
A campesinos y pescadores se les quitó el agua para arrebatarles tierra. A través de barreras de contención, motobombas y sistemas de drenaje se desecaron ciénagas, corriendo cercas y ampliando los potreros de haciendas. Pese a un posible retorno, el daño al colectivo (agua, bocachicos, plantas) con que vivía la población es irreversible.
Asimismo, a los campesinos se les arrebató la tierra para quitarles el agua (e irrigar cultivos grandes y sedientos). En este escenario habrá fuertes resistencias a la restitución, como lo ilustra el caso de 20 familias campesinas en Pitalito, Cesar, que tras el retorno fueron desalojadas por un empresario palmicultor que no ha escatimado recursos para defender la ampliación de canales de riego que logró mientras las familias estaban desplazadas.
Y en otras ocasiones, a campesinos y pescadores se les desterró con violencia de playones, cuencas y alrededores, con el fin de usar el complejo de ciénagas, canales, caños y ríos como autopista privada para el transporte de pasta de coca y armas. Estas rutas serían manejadas hoy por las distintas bacrim. Las mismas que están asesinando a los reclamantes de tierras.