CUANDO EL HISTORIADOR INGLÉS Malcon Deas preguntó al auditorio de la Universidad de Antioquia (agosto de 2003) si alguien conocía la obra La verdadera y la falsa democracia, todos se miraron con extrañeza. Tampoco habían escuchado el nombre del autor del libro: Rafael Rocha Gutiérrez, el contradictor más dialéctico que tuvieron Núñez Regenerador y su modelo de Estado-nación.
Rocha Gutiérrez ha sufrido la injusticia del olvido. De nada le ha valido publicar en 1887 en París —eludiendo la censura— un proyecto de Constitución liberal, como alternativa a la autoritaria de 1886. Tampoco su crítica severa a la estructura personalista del poder en Hispanoamérica: sucesión de “caudillos como Regeneradores, redentores o libertadores”, decía. Casi nadie celebra sus propuestas de democracia constitucional avanzada, no obstante hoy recobran vigencia.
Se anticipó cien años a la Carta del 91 al diseñar nuestra acción de tutela, tal como hoy la tenemos, sorprendentemente con su misma configuración y el mismo texto: “Toda persona natural o jurídica puede ocurrir ante un juez nacional, en solicitud de amparo para cualquier derecho individual que le haya sido violado por funcionarios públicos de los Estados; y el juez requerido para ello, tendrá el deber de resolver la solicitud breve y sumariamente, oyendo al ofensor, dentro del término que prudentemente fije la ley”. A lo cual agregaba: “Los autos que dicten los jueces, concediendo o negando el amparo de los derechos individuales, serán siempre consultados ante la Corte Suprema y se cumplirán desde el momento en que se pronuncien”. Y preveía: “La desobediencia a los autos judiciales que amparen derechos individuales constituye un delito… castigado con la destitución del empleo y con la pena de reclusión que la ley determine”.
Desde 1868 este antiguo procurador general y magistrado, de arraigo tolimense, había denunciado el “tiránico y antidemocrático sistema electoral mayoritario excluyente de las minorías”. Había propuesto, en cambio, un sistema de representación proporcional, que retratara al pueblo tal como es, con mayorías y minorías. Afincaba allí toda posibilidad de superar el perpetuo estado de guerra civil. Para completar su modelo institucional sugirió la transformación del Poder Ejecutivo unipersonal —de ministros “lacayos del poder”— en un órgano colegiado y deliberante, tipo gabinete.
Rocha Gutiérrez pintó así las debilidades de nuestro sistema político decimonónico: “La oligarquía de partido y el poder unipersonal de los presidentes han sido hasta hoy el más grande obstáculo para el establecimiento de la República democrática y la causa eficiente de las discordias civiles”. Veía, entonces, en “el gobierno alternativo” uno de los correctivos posibles. Asimismo, hizo pública su inclinación igualitaria al proponer, en 1885, el sufragio femenino (reforma, “exótica en las semirrepublicanas costumbres de Hispanoamérica”).
Hay una valiosa vertiente de pensamiento liberal que se integra a nuestra tradición, pero que, sin razón, hemos olvidado. Hacer reminiscencia de ese afluente y actualizarlo, reforzaría el talante institucional y ciudadano de nuestro sistema político; ayudaría a protegerlo de las recurrentes distorsiones involutivas. ¿Por qué requeriremos que los historiadores extranjeros —bienvenidos sean— vengan a descubrirnos?