Es inhumano, vergonzoso y causa indignación, que sea el mismo Estado, el que, para recuperar derechos colectivos y muchas veces de mafiosos, se vaya lanza en ristre contra humildes familias, que construyeron o adquirieron sus viviendas engañadas por urbanizadores piratas…
Es inhumano, vergonzoso y causa indignación, que sea el mismo Estado, el que, para recuperar derechos colectivos y muchas veces de mafiosos, se vaya lanza en ristre contra humildes familias, que construyeron o adquirieron sus viviendas engañadas por urbanizadores piratas,- con la complacencia de algunas Autoridades-, quienes procedieron a destruirlas en su presencia sin darles la más mínima oportunidad de buscar otras alternativas. No olvidemos que estos atropellos son presentan también en varias ciudades de Colombia.
Esperamos que el Alcalde de Bogotá, tal como lo ha anunciado, capture y ponga a buen recaudo a los estafadores de la vivienda social que se lucran de la necesidad de las familias de escasos recursos bajo el espejismo de solucionarles uno de los problemas más sensibles, quitándoles sus ahorros, haciéndoles empeñar sus electrodomésticos para completar la cuota inicial, por un sueño que jamás se iba a cumplir, puesto que la intención de los delincuentes es la de enriquecerse ilícitamente, lo más grave, con conocimiento de funcionarios del Distrito que a sabiendas que eran urbanizaciones ilegales las proveyeron de los servicios públicos básicos y domiciliarios: acueducto, energía, teléfono, gas y alcantarillado.
¿Dónde estaba la Defensoría del Pueblo? Y ¿la Procuraduría que dice? Tengan razón o no, quienes cometieron semejante atropello, han de saber que violaron las más elementales normas de los Derechos Humanos, y en el futuro quién ordenó tan criminal asalto, deberá responder ante los Organismos competentes. Esta noticia le está dando la vuelta al Mundo y muy seguramente que varias ONG, se pronunciarán y pedirán que a Colombia se le anote una vez más, la estrella negra, por violación al Derecho Internacional Humanitario, lo que muy seguramente repercutirá en los convenios económicos, culturales y comerciales pendientes de perfeccionarse, como son los Tratados de Libre Comercio, con Europa y otros Países.
Este acto de barbarie e insensatez es una demostración fehaciente que en nuestro País no existe una política clara y seria de vivienda, o si existe, está manipulada por unos cuantos funcionarios irresponsables que la manejan a su acomodo para sacar tajada, o con fines politiqueros. No obstante que el Presidente Santos sancionó con fecha 30 de Junio del 2011 la Ley 1469 que traza parámetros concretos sobre la Nueva Ley de Vivienda; a más de 7 meses de expedida, no se ven acciones concretas por parte de sus ejecutores para solucionar el déficit habitacional que es de carácter crítico en todo el Territorio Nacional.
El Artículo 51 de la Constitución Política habla del derecho que todo Colombiano tiene a una vivienda digna. Teniendo en cuenta las billonadas que se invierten para cumplir este precepto constitucional, es doloroso presenciar espectáculos como los ocurridos en estos días en los barrios Marruecos y Molinos del Viento, del Sur Oriente de Bogotá. Es de tal gravedad el problema, que el Alcalde Petro acaba de pronunciarse sobre la existencia de un cartel de urbanizadores piratas llamados los “Tierreros,” quienes a lo mejor disfrutan de grandes beneficios del alto Gobierno y se pasean como Pedro por su casa por las dependencias oficiales encargadas de subsidiar la vivienda de interés social.
Es aplaudible la decisión de la Corte Constitucional, que salió en defensa de las familias perjudicadas, suspendiendo los desalojos en forma temporal en virtud de la avalancha de tutelas que han interpuesto varias familias contra los urbanizadores piratas que las engañaron. Si revisamos lo que ha sido la política de vivienda en nuestro País, en los últimos cincuenta años, nos damos cuenta que en materia de Leyes, Decretos y Resoluciones que la regulan, estamos más que sobrados, lamentablemente son Leyes muertas que hacen parte del cementerio de normas jurídicas que nacieron producto de una emoción política, pero que sucumbieron a la decidía de sus gobernantes de turno, unas veces por falta de voluntad política y otras por carencia de recursos para ejecutarlas.
No olvidemos que el maltrato que se viene dando a los Compatriotas menos favorecidos, con los programas de vivienda, es un polvorín que día a día está acumulando petardos sociales, que de un momento a otro pueden estallar con consecuencias fatales para el Gobierno de turno y la estabilidad de nuestras Instituciones Democráticas. Hemos visto por ejemplo, cómo los desalojos que se practican a las familias que no le han podido cumplir a los bancos por culpa de los abusivos intereses de usura, se están convirtiendo en caldo de cultivo para una revolución de los millones de destechados que claman por una vivienda digna, tal cual lo ordena el artículo 51 de la Constitución Política.
Considero que al actual Gobierno a más de voluntad política para fomentar la vivienda social en Colombia, le está faltando asesorarse de funcionarios más idóneos y capaces, que le proporcionen a los destechados los medios necesarios para acceder a su vivienda sin tantos trámites, esperas y humillaciones a que son sometidos por los funcionarios de turno.