Mientras no exista responsabilidad compartida del Estado, los partidos políticos y la sociedad civil, para sanear el sinnúmero de desaciertos, vergüenzas y descalabros que se presentan en el ejercicio de la actividad política, es apresurado y hasta vergonzoso proponer la reelección inmediata de los mandatarios regionales y locales. Tales vergüenzas y desaciertos los podemos comprobar en el diario acontecer de la vida nacional.
El Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos Municipales, en su gran mayoría, adolecen de fallas tan protuberantes que varios de sus miembros se encuentran tras las rejas, o huyendo de la justicia por la comisión de delitos de toda índole. ¿Qué decir de los varios gobernadores y alcaldes que se encuentran también en iguales circunstancias? ¿Donde está la falla de todo esto? Si no es en el Estado de Derecho, que no se ha dignado ejercer la autoridad que le corresponde para exigir de las corporaciones legislativas y de los responsables de los partidos políticos, seriedad y honestidad en la conducción de las masas de votantes, que al final de cuentas ejercen el sagrado derecho al sufragio, orientados por el candidato que les señala el partido o movimiento de sus convicciones.
Para lograr tal objetivo no es exagerado decir que en Colombia, se hace indispensable empezar por construir democracia, partiendo desde la concientización de la sociedad civil, que en los actuales momentos se encuentra totalmente desarticulada en sus actividades, con el ejercicio de la actividad política. Siempre hemos considerado que la Reforma Política que el País necesita, hay que hacerla con la participación de todas las entidades públicas y privadas, de donde se puede finalmente extraer el proyecto de Acto Legislativo para que sea votado por el pueblo mediante Referendo.
Con el debido respeto que me merece el señor Presidente de la República, considero que no es el momento oportuno para proponer reelección de gobernadores y alcaldes. Por las circunstancias actuales en que se encuentra el País, no existe ningún escenario adecuado, ni mucho menos interlocutor válido que merezca la credibilidad de los ciudadanos para encausar tan delicada decisión democrática de donde dependería, – sí nos embarcamos en semejante aventura-, la suerte futura de los treinta y dos departamentos y los 1.120 municipios en que se encuentra geopolíticamente dividido el territorio nacional.
Para pensar en la reelección de mandatarios regionales y locales, se requiere en primera instancia tener un estatuto político con verdadera fuerza de ley, que regule y fortalezca los partidos, que en principio son los responsables de que las administraciones sean eficientes, o desastrosas como está ocurriendo actualmente en gran parte de ellas. Los directorios políticos actualmente son simples entes nominadores y avaladores de candidaturas, sin ninguna responsabilidad futura. Si un mandatario regional o local, después de ser elegido, resulta inhabilitado o con problemas con los organismos de control y de justicia, los directorios políticos o movimientos que lo avalaron esconden la cabeza en la arena como el avestruz, y no se responsabilizan de semejante daño hecho a las comunidades perjudicadas por tan nefasta decisión. Siempre he creído que el Estado, está en la obligación de garantizar a sus ciudadanos la calidad de sus elegidos.
No olvidemos que la nueva reforma política propuesta varias veces por el ejecutivo, vive de fracaso en fracaso en el Congreso de la República, porque sencillamente a los caciques de turno no les interesa que se les recorten las alas con un estatuto serio de partido, para así continuar con el manejo amañado, corrupto y politiquero, de las administraciones bajo su jurisdicción y mando.
En síntesis, pretender encausar las reelección de gobernadores y alcaldes sin un estatuto de partido lo suficientemente claro, es echar por el despeñadero a millones de compatriotas que en los actuales momentos se encuentran frustrados y encartados con los mandatarios que eligieron, y que no tendrán vergüenza en hacerse reelegir, puesto que no existe un organismo de control que se los impida. Evaluemos cuantos departamentos y municipios en los actuales momentos se encuentran en tal situación, sencillamente porque sus mandatarios por los cuales votaron avalados por los directorios y movimientos políticos resultaron, todo un paquete chileno.
Considero que dentro de la Reforma Política del futuro, el Estado y los partidos políticos, deben ser responsables solidarios, administrativa y económicamente, para resarcir a los departamentos y municipios, que hayan elegido legisladores y funcionarios con problemas de orden legal. No olvidemos que la pureza del sufragio, depende de la estructura política.
Lamentablemente en nuestro País, podemos decir a los cuatro vientos, que no existen partidos políticos respetables, sencillamente porque el concepto de actividad política está tan devaluado, que su máxima corporación legislativa, ha caído en el peor desprestigio de los últimos tiempos. El próximo 16 de diciembre se clausura el primer período de la presente legislatura y como las anteriores, le ha salido al país, con un chorro de babas, pero, eso sí a un costo tan astronómico que dan ganas de sentarnos a llorar.
Comunidad Desarrollo y Gestión