AVANZA EN EL CONGRESO EL PROyecto para incluir en la Constitución una norma tendiente a combatir a los consumidores de estupefacientes.
El Ministro del Interior anunció que la reforma constitucional permitirá al Estado trabajar en la recuperación de los adictos y que esa finalidad se logrará mediante la inclusión de esos tratamientos en el Plan Obligatorio de Salud. El Ministro de Protección Social elogió la iniciativa gubernamental, pero advirtió que esas rehabilitaciones son muy costosas, que sólo son efectivas en el 10% de los casos y que no tiene claro de dónde se sacaría el dinero para financiarlas.
Si la idea es incluir dentro del POS los procedimientos de desintoxicación, no veo la necesidad de una reforma constitucional. De hecho, las Empresas Promotoras de Salud vienen solicitando de tiempo atrás la ampliación de los servicios y medicamentos incluidos en el POS y el Gobierno ha dilatado la decisión, probablemente por carecer del dinero que se requeriría para financiar la cobertura en salud. Actualmente, cuando alguien solicita ayuda médica por su adicción, no se le puede brindar al amparo del POS y se ve obligado a presentar una tutela que obligue a la EPS a atenderlo y le permita a ésta cobrar al Estado el dinero invertido en su curación. Dadas las complejidades propias de una reforma constitucional, ¿no sería más sencillo que se ampliara el POS para incluir dentro de él la ayuda médica a los consumidores de estupefacientes?
¿Cómo aspira el Ministro del Interior a que se incluyan en el POS tratamientos de desintoxicación cuando su colega de la Protección Social les adeuda a las Empresas Promotoras de Salud más de $700 mil millones? Si el Gobierno no está en condiciones de pagar por los procedimientos médicos a los que hoy está comprometido, si obliga a un adicto a que interponga tutelas para someterlo a terapia y quedarle debiendo el dinero de la misma a la EPS, ¿cómo va a afrontar los costos que implicaría la recuperación de los cientos de miles de personas reportadas como consumidoras de estupefacientes?
Para completar el cuadro, esta misma semana, el director del Instituto de Medicina Legal se quejó de que el presupuesto del que disponen es insuficiente para el desarrollo de sus labores; no es difícil suponer que esta situación empeoraría notablemente si en el futuro tuviera que dedicarse a la valoración de todas las personas que sean sorprendidas portando dosis personales. Y eso sin mencionar la enorme congestión que esto supondría en una entidad que hoy en día se encuentra ya sobrepasada por la cantidad de trabajo que recibe de la Fiscalía.
Un último detalle: el senador Héctor Helí Rojas, con toda razón, introdujo una modificación al proyecto para que el tratamiento sólo pueda hacerse previo consentimiento del afectado. Por lo tanto, la reforma constitucional servirá para que el Estado le pueda preguntar a un adicto si quiere ser rehabilitado; en caso de que la respuesta sea negativa, no se podrá hacer nada; y si es positiva se le enviará a una EPS, que sólo lo atenderá si el tratamiento está incluido en el POS. ¿De verdad alguien piensa que esa reforma constitucional es seria?