ESTÁ CLARO QUE EL DELITO NO TIEne su origen en una única causa y que para combatirlo adecuadamente no siempre se debe recurrir al derecho penal, como si sólo él tuviera la capacidad de acabar con el crimen.
Hay infinidad de comportamientos que siendo socialmente reprochables no sólo admiten correctivos en planos distintos, sino que está demostrado que suelen ser mucho más eficaces que la represión; por eso se afirma que el derecho penal debe ser el último de los instrumentos utilizables para encauzar la conducta de los ciudadanos.
La educación es sin duda la más valiosa de esas alternativas de control social; y lo es en muchas facetas. La sola circunstancia de que se inculcara desde temprana edad el respeto por la autoridad, tanto en los colegios como en el interior de las familias, sería altamente beneficioso. La figura del policía debe transmitir confianza y seguridad, así como la de fiscales y jueces. Si generalizamos la idea de que la única forma válida de solucionar los problemas interpersonales es a través de los canales institucionales, se habrá avanzado mucho; y así debe ser aun cuando seamos conscientes de que la administración de justicia, en este y en todos los países del mundo, tiene sus imperfecciones.
Por eso es importante respaldar las actuaciones de la policía, los fiscales y los jueces, como necesario mecanismo para reafirmar en la sociedad que son ellos los encargados de dirimir los conflictos que exceden el ámbito privado. Nada hay más desestabilizador que minar la confianza que se les debe tener, porque eso fomenta todas las manifestaciones de justicia privada, desde la violencia intrafamiliar hasta los genocidios. Por eso resulta inconcebible que personas con tanta ascendencia en el país como Álvaro Uribe Vélez persistan en su actitud descalificadora hacia la administración de justicia; lo hizo cuando fue presidente del país cuestionando de manera pública las decisiones de jueces y fiscales, y lo sigue haciendo ahora cuando para responder los cuestionamientos que se le hacen (a él o a sus hijos) recurre a los agravios.
Desde luego que tampoco se trata de que policías y jueces permanezcan al margen del escrutinio público; lo que debe hacerse es educar en el acatamiento de las normas y en el respeto hacia quienes tienen el encargo de hacerlas cumplir, con absoluta independencia de que las eventuales ligerezas o excesos de algunos de ellos deban ser investigados por los entes competentes, pero nunca dejando la sensación de que la justicia es inoperante.
Otros ámbitos en los que un adecuado énfasis en el aspecto educativo podría contribuir a disminuir la criminalidad son el del tráfico automotor, el del abuso de las armas de fuego y el de la delincuencia juvenil. Si desde pequeños se enseña a los ciudadanos sobre la forma de comportarse como peatones y conductores, si se instruye sobre las señales de tráfico, si se concientiza acerca de los peligros de las armas de fuego y se brinda a los jóvenes posibilidades de acceso a mercados laborales y condiciones de existencia dignas, un sector importante de la delincuencia se vería notablemente reducido sin necesidad de que el derecho penal intervenga.