Hace pocos días, en desarrollo de unas jornadas sobre «Gobernanza y derechos humanos», Belisario Betancur destacó «el poder de la palabra» como mecanismo para poner fin a los conflictos armados. Evocó los días de su gobierno para asegurar que dio preeminencia al diálogo como una alternativa a la solución militar que se estaba utilizando para combatir a la guerrilla y recomendó seguir su ejemplo.
Quizás por el paso de los años ha olvidado que durante la toma del M-19 al Palacio de Justicia, el entonces presidente de la Corte le llamó en reiteradas ocasiones por teléfono sin que ni una sola vez le atendiera; probablemente no recuerda tampoco que ante la imposibilidad de comunicarse con él por esa vía, Alfonso Reyes recurrió a la radio para intentar que la desmedida operación militar fuera detenida. Extraviado en algún lugar de su memoria debe estar el recuerdo de la advertencia que su entonces ministra hizo a los medios de comunicación, en el sentido de que si continuaban con esa clase de transmisiones podrían ser sancionados.
Pero puede ser que su silencio de entonces se debiera ya a su convicción sobre el poder de la palabra. Un puñado de magistrados, atrapados en medio de un combate entre un grupo de guerrilleros y decenas de miembros de la Fuerza Pública que atacaban el edificio incluso con tanques, sólo disponía de un arma para tratar de evitar la hecatombe: la palabra. La de entonces era una Corte desprovista de funciones relacionadas con la elección de altos funcionarios del Estado; su labor se circunscribía a la solución de conflictos a través de la emisión de sentencias; su respetabilidad emanaba de la actividad intelectual que desarrollaba y su injerencia en los asuntos del Estado estaba circunscrita a su defensa de las leyes.
Su respetabilidad se cimentaba en la fortaleza de sus argumentos. Ya lo había dicho Alfonso Reyes al lamentar el asesinato de una juez: “En un Estado de derecho, todo el poder material de las armas ha de estar al servicio del más humilde de sus jueces. Sólo así será posible oponer con ventaja, a la razón de la fuerza, la fuerza de la razón”. ¿Temía Betancur, consciente del poder de la palabra, que una conversación con el presidente de la Corte le persuadiera de renunciar a una solución militar? ¿Su convicción sobre el poder de la palabra le hizo temer que el llamado al diálogo que Reyes hacía públicamente consiguiera detener la recuperación violenta del Palacio?
Lo cierto es que su negativa a parlamentar en noviembre de 1985 llevó a la muerte a más de un centenar de personas ajenas al conflicto. Sus decesos no fueron producto de ejecuciones del grupo guerrillero frente a un intento de rescate, sino de un combate de proporciones desmedidas en el que poco se hizo por preservar la vida de los civiles. No es sólo mi opinión personal; es una de las consideraciones que tuvo el Consejo de Estado para condenar al Estado por la muerte de esos rehenes.
Consciente como era del poder de la palabra, Betancur pudo recurrir a ella para evitar la muerte de cientos de inocentes, pero prefirió guardar silencio frente al clamor de los rehenes y a la violencia desmedida de la operación militar.