A raíz de algunos inconvenientes que se presentaron durante la entrega de un puñado de personas pertenecientes a las llamadas bandas criminales, se ha abierto el debate sobre cómo deben ser enfrentadas.
Recomendaciones como la de bombardearlas o advertencias en el sentido de que no son nada diverso de una nueva versión de los paramilitares, dejan la sensación de que se sugiere otorgarles un tratamiento similar al de éstos, lo cual podría desembocar en conversaciones para llegar a acuerdos de paz con el gobierno o a desmovilizaciones masivas a cambio de beneficios punitivos. Tales planteamientos tienen su origen en la percepción de que estos grupos armados no son una forma tradicional de delincuencia y, por consiguiente, merecen una respuesta diversa de la que el Estado reserva para la criminalidad tradicional.
No parece haber duda en cuanto a que estas organizaciones están mayoritariamente conformadas por personas que antes hicieron parte de movimientos armados de ultraderecha y tampoco merece mayor discusión el hecho de que su forma de operar no es la de la delincuencia común, como acaban de demostrarlo al organizar de manera exitosa un paro armado en importantes ciudades del país. Sin embargo, creo que para combatirlos de manera exitosa no es correcto darles el estatus jurídico que se brindó a las autodefensas, ni hace falta crear nuevas normas penales que sancionen de manera autónoma sus comportamientos.
Aun cuando la Corte Suprema lo haya negado en su oportunidad, pienso que la salida que se ofreció al grueso de los paramilitares, autorizando su desmovilización a cambio de juicios y sanciones diferenciales, sólo resulta explicable en cuanto esos movimientos perseguían objetivos que permitían considerarlos como delincuentes políticos. Como ya señalé en una columna anterior, ese calificativo no los relevaba, como en efecto ocurrió, de responder por hechos que como el narcotráfico, el desplazamiento forzado o las masacres deben estar al margen de esa clase de acuerdos.
Pero las razones que explican un tratamiento distinto para la rebelión o la sedición no pueden ser aplicables a cualquier agrupación armada, con el único argumento de su poder económico, su potencial de intimidación y su facilidad para los actos violentos. Si el Estado cediera antes esas manifestaciones delincuenciales otorgándoles un régimen jurídico privilegiado, terminaría fomentándolas.
La respuesta del Estado debe ser la misma que en otros países se ha dado a organizaciones criminales de las que la mafia suele ser un buen ejemplo; un trabajo coordinado de todos los estamentos involucrados en combatir el delito. Disponemos de normas que permiten sancionar severamente las actividades de estas cuadrillas y contamos con una Policía eficiente que ha demostrado estar en capacidad de poner a estas personas en manos de las autoridades judiciales o de forzarlas a que se entreguen. En lo que hace falta trabajar conjuntamente con la Fiscalía y la Rama Judicial, es en la adecuación de la infraestructura necesaria para permitir que quienes conforman estas bandas puedan ser procesados con la agilidad y efectividad que la sociedad espera.