HACE UNAS SEMANAS EL CONSEJO Superior de la Judicatura anunció que entre las metas de 2009 está la de elevar la productividad de los jueces de 386 procesos resueltos al año a 443 por cada despacho.
Aun cuando ya debería preocupar que un juez adquiera el compromiso de proferir poco más de dos sentencias diarias, lo que más desconcierta es que en la Fiscalía y en la Rama Judicial los funcionarios no sean evaluados tanto por la calidad de sus providencias, como por la cantidad de las mismas. No es ningún secreto que una de las tareas más importantes de cada mes consiste en “cuadrar” la estadística para cumplir con el número de resoluciones que se esperan de cada juez o fiscal; eso explica que con frecuencia se pospongan decisiones complejas y se dedique un mayor esfuerzo a las más sencillas, pues pocos quieren arriesgarse a proferir una cifra inferior a la que les ha sido asignada.
Esa es en parte la razón por la cual, en el sistema penal acusatorio, los fiscales están tan pendientes del volumen de audiencias que deben realizar, y esa preocupación conduce a que la mayoría de casos llevados ante los jueces corresponda a situaciones de menor complejidad. Desde el punto de vista de su evaluación mensual, para ellos resulta mucho más importante solucionar una gran cantidad de pequeñas causas, que una de especial complejidad.
Por supuesto que se ven excepciones, usualmente relacionadas con los casos que dentro del mundo judicial han empezado a ser conocidos como de “trascendencia nacional”; son investigaciones en las que la opinión pública suele tener un interés especial, normalmente derivado de las repercusiones que ellas hayan tenido en los medios de comunicación, bien sea por la forma en que han ocurrido los hechos, las personas o instituciones que han resultado afectadas, o la cuantía de la defraudación. Para esos eventos es frecuente la designación de funcionarios especiales a quienes se les suele reducir el número de expedientes a cargo y se les valora con un criterio más cuantitativo. La sola existencia de una categoría especial de procesos que merecen un tratamiento preferencial es odiosa dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho; desde la perspectiva de las víctimas todos los casos tienen exactamente la misma importancia y a la solución de cada uno de ellos se les deberían dedicar los mismos esfuerzos; pero para que eso sea posible, es indispensable que el funcionario judicial no se vea presionado por la necesidad de cumplir objetivos numéricos, sino que se sienta valorado por la calidad de su trabajo frente a todos los problemas cuya solución se le confía.
Ya es hora de que las diferentes instituciones encargadas de administrar justicia en nuestro país cambien los parámetros de evaluación y se preocupen más de estimular a los funcionarios judiciales que emitan providencias de alto nivel, que de obligarlos a hacer su trabajo pensando en el cumplimiento de unas metas cuantitativas que, por sí mismas, no son suficientes para que la ciudadanía sienta confianza en la efectividad del aparato judicial. Los mecanismos que se diseñen para descongestionar los atiborrados despachos de jueces y fiscales, deben garantizar al máximo la calidad de las decisiones que se adopten, porque la justicia subordinada a criterios formales de eficiencia no es justicia.