EN NUESTRO PAÍS EXISTE DESDE hace mucho tiempo una justicia penal militar encargada de investigar y juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que cometan delitos en desarrollo de sus funciones y con ocasión de las mismas.
Durante la segunda mitad del siglo XX esta institución perdió mucha de su credibilidad por el abuso que de ella se hizo para juzgar civiles en tiempos de estado de sitio, y porque muchos casos en los que la responsabilidad de los militares investigados parecía evidente, terminaron en inexplicables absoluciones.
Hace 23 años, por ejemplo, dos oficiales de la Policía declararon bajo juramento que el magistrado Alfonso Reyes había ordenado el retiro de la vigilancia en el Palacio de Justicia pocos días antes de que fuera tomado violentamente por el M-19. Los uniformados fueron denunciados por falso testimonio, porque el día en que ellos dicen haber recibido esa orden, el presidente de la Corte se encontraba en Bucaramanga dictando una conferencia ante un concurrido auditorio. La justicia penal militar despojó de la investigación a la justicia ordinaria asegurando que el falso testimonio correspondía a un acto propio del servicio y los declaró inocentes; algunos meses después, uno de ellos fue promovido a un mejor cargo dentro de su institución.
Actualmente la Justicia Penal Militar no se utiliza para juzgar civiles y reiteradas jurisprudencias de la Corte Suprema y del Consejo Superior de la Judicatura han delimitado con mucha precisión qué casos deben ser conocidos por la Justicia Penal Militar y cuáles no. También es evidente el creciente apoyo castrense a las decisiones proferidas por fiscales y jueces respecto de conductas delictivas cometidas por sus hombres, todo lo cual ha contribuido al fortalecimiento de la imagen de las Fuerzas Armadas frente al país.
Quedan sin embargo voces aisladas que se empeñan en defender de manera indiscriminada cualquier actuación de los militares, censurando el trabajo de jueces y fiscales encargados de investigar las conductas delictivas que hayan podido cometer. Todavía hoy se escuchan voces que califican de héroes a quienes un día como hoy, hace 23 años, comandaron una violenta operación militar que con el propósito de retomar el control del Palacio de Justicia terminó con la muerte de más de un centenar de personas y la desaparición de algunas otras. Olvidan que el Consejo de Estado ha condenado reiteradamente a las Fuerzas Militares por la muerte de cerca de cien rehenes como consecuencia de la abusiva utilización de la fuerza en desarrollo de ese operativo y por la desaparición de dos personas.
La actitud correcta es la que hoy asume la mayoría de los integrantes de la Fuerza Pública al respaldar la labor de la justicia ordinaria cuando se ocupa de la investigación de delitos en los que aparecen involucrados algunos de sus integrantes. La buena imagen que merecidamente tienen hoy nuestros soldados y policías no debe cambiar por el hecho de que algunos de ellos hayan violado la ley penal; pero para que la ciudadanía entienda que esas conductas nada tienen que ver con los propósitos que orientan la labor de las Fuerzas Militares, es imprescindible que ellas sigan apoyando las investigaciones que la justicia adelante contra aquellos de sus hombres que hayan podido incurrir en delitos.