El fiscal general anunció que ofrecerá en extradición a los corruptos, de la misma manera como a finales del siglo pasado se hizo con los narcotraficantes.
El símil es bueno; hace casi 40 años se aseguró que para evitar que en Colombia recibieran penas muy laxas y pudieran redimir parte de ellas con trabajo y estudio, los acusados de tráfico de drogas deberían ser entregados a la justicia norteamericana. Se generalizó entonces no solo la idea de que la extradición era una manera de castigar, es decir, una pena, sino además de que era una forma de sanción a la que sí le temían esos delincuentes; el mensaje caló tanto que los carteles de la época hicieron popular la frase de que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos.
La realidad es un poco diferente; la extradición es un mecanismo de cooperación internacional orientado a conseguir que si alguien ha cometido un delito en un país o contra los intereses del mismo, y se refugia en otro para tratar de evadir la acción de su aparato de justicia, pueda ser entregado a las autoridades de aquel para ser procesado y eventualmente condenado. Lo primero, para que la figura funcione, es que una nación distinta de la nuestra tenga una investigación contra quien aquí es acusado de corrupción, lo cual no parece ser el caso de los ejemplos citados por el fiscal (irregularidades en los repartos de procesos, problemas en la contratación de centros de salud en Arauca, Cúcuta o Tuluá, inconvenientes con los contratos de alimentos escolares, etcétera). Lo segundo, es que esos Estados estén interesados en que nuestros compatriotas cumplan las penas en sus cárceles, algo cada vez más dudoso si se observa el creciente número de solicitudes que recibimos para repatriar a colombianos presos en el exterior.
Las experiencias acumuladas de quienes han sido extraditados han dejado enseñanzas; en lugares como Estados Unidos los procesos pueden ser muy rápidos si se colabora con sus autoridades judiciales. Si esa ayuda es valiosa en la persecución de otros delitos o en el desmantelamiento de organizaciones criminales, no solo pueden recibir sustanciales reducciones de pena, sino incluso pueden llegar a ser recluidos en cárceles de mediana y baja seguridad con regímenes menos estrictos. Todo eso, mientras aquí nos esforzamos por aumentar las penas y prohibir beneficios procesales a quienes contribuyen con la justicia. Fue ese contraste el que llevó a que, con el paso de los años, los narcotraficantes entendieran que la extradición no era una pena y que en países como Estados Unidos tenían probabilidades jurídicas de resolver de manera ágil sus problemas judiciales, al amparo de sus leyes. Eso explica que ahora no prefieran una tumba en Colombia, sino que en muchos casos soliciten trámites abreviados de extradición para poder enfrentar en el menor tiempo posible a sus jueces extranjeros.
Pero, además, cuando se dice que quienes realizan actos de corrupción en nuestro país deben ser extraditados, se está enviando el equivocado mensaje de que nuestras autoridades judiciales no están preparadas para investigar, juzgar y sancionar adecuadamente esa clase de conductas.