En su columna del pasado domingo, Mauricio Vargas hace tres afirmaciones incorrectas respecto de la política antidrogas de este Gobierno: que la suspensión de la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato fue un pedido de las Farc; que se prohibió cualquier uso de esa sustancia como mecanismo de erradicación de plantaciones al margen de la ley; que esa determinación se adoptó sin tener un plan alternativo.
La decisión de suspender la fumigación aérea se tomó con base en un documento de la OMS en el que se señalaba la probabilidad de que el glifosato produzca cáncer. Para entonces el Gobierno sabía del principio de precaución desarrollado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, conforme al cual cuando se tengan bases científicas para creer que una actividad pueda representar un riesgo grave para la salud humana, las autoridades deben tomar medidas para evitar ese daño, sin esperar a que se alcance la certeza sobre su producción. Con un informe científico que alertaba sobre la probabilidad de que el glifosato produjera cáncer en los humanos, se ordenó la suspensión de la aspersión con dicha sustancia, en estricta aplicación de las jurisprudencias mencionadas.
Pero lo único que se prohibió fue su uso sobre cultivos ilícitos a través de la fumigación aérea, que es diferente a otras formas de manipulación del mismo pesticida; porque se la emplea sobre zonas habitadas, lo que aumenta la exposición a sus efectos negativos; porque se hace a gran altura para evitar que los aviones sean atacados, lo que hace que el químico afecte áreas superiores a las deseadas; porque para conseguir la misma efectividad al lanzarlo desde tan alto, la concentración de pesticida debe ser muy superior a la normalmente utilizada. Esto explica que desde el mismo momento en que se anunció la suspensión de la fumigación aérea, el Ministerio de Defensa haya comenzado un piloto de aspersión manual con glifosato contra las drogas ilícitas, que evitara los daños que supone su esparcimiento desde el aire en las altas concentraciones de veneno que ella requiere cuando se lucha contra plantaciones ilegales, y que ahora se aplicará a gran escala.
Desde el año 2012 el presidente Santos planteó la necesidad de modificar a nivel mundial la guerra contra las drogas, entre otras cosas para priorizar los programas de desarrollo alternativo y de sustitución de cultivos ilícitos (propuesta avalada en una sesión extraordinaria de las Naciones Unidas), frente a una política de erradicación forzosa que, con el paso de los años, ha mostrado su agotamiento. Porque los cultivadores no solo han desarrollado métodos para evitar la efectividad del glifosato, sino que han migrado sus zonas de cultivos a resguardos indígenas y campesinos, a parques naturales y a regiones fronterizas, conscientes de que en ellas hay prohibición constitucional de asperjar o peligros de afectar las relaciones internacionales. Por eso no puede extrañar que hoy haya en Colombia cerca de 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos, la misma cantidad que en 1999 cuando se empezó la fumigación aérea y después de que en esos 17 años se han asperjado un millón y medio de hectáreas.