LA POBLACIÓN CARCELARIA HA CREcido notablemente en los últimos dos años, en parte debido a las leyes que han aumentado las penas e incrementado el número de delitos en los que procede la detención preventiva. Con estas medidas se muestra a la opinión pública que hay una sólida voluntad para combatir la delincuencia, y que la forma más efectiva de hacerlo es mediante la imposición de penas privativas de la libertad.
Mientras se legisla para llevar más gente a las cárceles, el Consejo Superior de la Judicatura recomienda una mayor utilización del principio de oportunidad y el Ministro del Interior y de Justicia anuncia que pondrá en funcionamiento mecanismos de control electrónico que permitan reducir el número de prisioneros. De esta manera se informa a la ciudadanía que al Gobierno le preocupa el hacinamiento de las cárceles y que emprende acciones para eliminarlo. Aun cuando, si se los mira de manera aislada, tanto la elevación de las penas como los mecanismos de excarcelación parecen soluciones adecuadas a problemas puntuales, lo cierto es que el uso alternativo de las mismas deja la sensación de una confusa política criminal.
Al retroceder unos años más, encontramos que a partir de 2004 comenzó a regir un sistema penal acusatorio y que el mismo fue presentado como un gran avance, en cuanto disminuía el número de casos en los que una persona debía ser privada de su libertad mientras un juez decide si es o no responsable de la comisión de un delito. Antes de cumplido un año de la entrada en vigencia del nuevo procedimiento, se expidió una ley que incrementó de manera general las penas del Código y tres años más tarde se promulgó otra que aumentó la lista de delitos que ameritan detener a una persona mientras se la procesa. Como lo confirma un reciente informe del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, esto muestra que entre 2004 y 2007 pasamos de estrenar un procedimiento penal anunciado como altamente respetuoso de la libertad de las personas investigadas, a un sistema que maneja un número de detenciones preventivas superior al del proceso penal que regía antes de la reforma de 2004.
Para justificar su iniciativa de otorgar la libertad a un número significativo de presos que serían controlados por medios electrónicos, el ministro Valencia Cossio ha dicho que es necesario reducir la población carcelaria, porque sus actuales niveles dificultan el desarrollo adecuado de los programas de resocialización del delincuente. He ahí otro interesante anuncio de política criminal del Gobierno: en Colombia la pena de prisión se aplica con la finalidad de resocializar a las personas que cometen delitos.
Esperaré con enorme curiosidad la intervención del Ministro del Interior y de Justicia ante el Congreso, cuando sea el momento de debatir el proyecto de ley que se anuncia para imponer la cadena perpetua en Colombia; ¿dirá que ese es un mecanismo apropiado para reincorporar delincuentes a la vida social? ¿Se olvidará de sus anteriores afirmaciones, dirá que la cárcel no es para resocializar y dará el aval del Gobierno a su implantación? ¿O se inclinará por ser coherente con su propuesta de los últimos días y se opondrá a que el Estado renuncie al deber que, según él mismo, tiene para procurar la readaptación de los condenados a la vida en sociedad?