Impresentable fueron las sentencias absolutorias que se dieron a principios de este mes por parte de la Procuraduría General de la Nación a favor de Eduardo Campo Soto, procurador delegado para las Fuerzas Militares, quien tenía dos investigaciones disciplinarias en su contra.
Impresentables, pero las sentencias pasaron de agache.
La primera investigación en contra del señor Campo Soto se relacionaba con el uso de un helicóptero oficial de combate que utilizó para pasear con su familia. La segunda de la que se salvó tenía que ver con un soborno que le habría solicitado a un geólogo que necesitaba una licencia de una delegada del Ministerio Público.
Vamos por partes.
En enero de 2014, el columnista Daniel Coronell denunció que el comandante de la Décima Brigada del Ejército en Valledupar del momento, el general Adelmo Fajardo Hernández, puso un Black Hawk al servicio del procurador Campo Soto para que se fuera de paseo con dos de sus hijos, su yerno y un sobrino. (Ver foto de Eduardo Campo Soto y su hija Isabel Cristina Campo Corrales)
La aeronave oficial fue utilizada para que el señor Campo Soto y su familia visitaran a los indígenas arhuacos durante sus vacaciones de navidad y, según dice la denuncia, no hubo una petición escrita de la Procuraduría para el uso del helicóptero de combate. (Ver foto El helicóptero, los indígenas y la hija de Campo Soto)
Lo más alarmante de la historia es que según el expediente D-2010-29-203175 de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, Campo Soto tenía la responsabilidad de investigar al mismo general que le prestó el helicóptero, por actos de corrupción cometidos cuando era comandante de la Brigada 14 del Ejercito. (Ver Expediente D-2010-29-203175)
Irrefutable. Pero no para el procurador Alejandro Ordóñez.
Como tampoco lo fue la otra acusación en contra del señor Campo Soto realizada por el presidente de Incarcoque Ltda, Héctor Julio Leal Cruz, la cual fue archivada pese a tener grandes evidencias en su contra, como encontrarse que Campo Soto tenía posesión del soborno que supuestamente pidió. (Ver Denuncian supuesto acto de corrupción en la Procuraduría)
El geólogo denunció que el procurador delegado Campo Soto le pidió un regalo para intervenir positivamente en el proceso de restablecimiento de su mina invadida en la vereda de San Antonio del municipio de Tausa. La dadiva que pidió el señor Campo Soto fue un busto de Simón Bolívar hecho en carbón a cambio de su gestión.
Pese a que Leal asegura que le entregó la escultura al señor Campo Soto, este no generó el concepto positivo y, según la acusación, le pidió una nueva dádiva para ayudarle con el tema, que era una pintura al oleo del libertador.
Un amante de Bolívar el señor Campo Soto. (Oír Entrevista de Campo Soto en Radio Guatapurí de Valledupar en la que se declara un “bolivariano de vieja data”)
Ahora bien, el procurador Ordóñez ordenó el archivo definitivo de este caso a favor de Campo Soto estableciendo que “el denunciante no tenía por qué haberse visto compelido a esa actuación, como si no se hubiese podido negar a la entrega de las obras de arte”. Confuso.
Lo que es claro es que ninguno de los fallos de Ordóñez sobre Campo Soto establece que se haya declarado impedido en estos casos, como correspondía. El procurador general es tan cercano a su subordinado e investigado, que en la más reciente versión del Festival Vallenato, Ordóñez y su esposa Beatriz Hernández de Ordóñez se hospedaron en Valledupar en casa de su compadre Campo Soto. (Ver foto de Ordóñez en pijama oyendo una serenata vallenata en la entrada de la casa de Campo Soto)
Ay ombe.
De esta manera se demuestra como el procurador Ordóñez protegió a su amigo Campo Soto. El mismo procurador delegado que absolvió transitoriamente a su amigo el general Fajardo. Todo un carrusel de amistad.