El caso de extradición en Estados Unidos del exministro Andrés Felipe Arias entró en su recta final.
El cronograma del proceso es el siguiente: el 26 de mayo la defensa del prófugo tiene que entregar un memorando final de oposición y el 9 de junio la Fiscalía de Estados Unidos tiene que presentar una respuesta a ese documento, si lo considera necesario. (Ver Orden para cambiar el cronograma)
Puede que no sea. Puesto que el pasado 29 de marzo el ente acusador de ese país entregó al Juez Federal John O’Sullivan un memorando de apoyo al pedido de extradición que era tan claro como es contundente.
La Fiscalía de la Florida establece inequívocamente en ese documento que el pedido de extradición no responde a una persecución política del gobierno colombiano como el prófugo lo quiere hacer ver. No.
“Arias Leiva puede sostener que su extradición debe quedar excluida porque los delitos para los que se ha solicitado su extradición son «políticos» o, alternativamente, porque la solicitud tiene motivación política. (…) Pese a eso, está bien establecido que los delitos de los cuales Arias Leiva fue condenado no son ofensas políticas”. (Ver Memorando de la Fiscalía página 15)
Esto incluso puede impactar su pedido de asilo y para demostrar eso dice “a Arias Leiva lo busca la justicia colombiana para cumplir una sentencia por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, en violación del artículo 397 del Código Penal y la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, en violación del artículo 410 del mismo Código. Estos delitos corresponden a violaciones de varios estatutos federales de los Estados Unidos”. (Ver Página 2)
Sin discusión.
Ahora bien, el ente acusador va más allá, estableciendo que “en la implementación del programa AIS, Arias Leiva violó intencionalmente la ley colombiana de varias maneras, incluyendo eludir el proceso de licitación pública, delegar indebidamente una función gubernamental a un contratista y desviar fondos de tal manera que lo beneficiarían a él políticamente”. (Ver Página 4)
Es dura la Fiscalía de Estados Unidos.
Agrega que “a pesar de las claras directrices establecidas en la Ley 393 de 1991 y en la Ley 0591 de 1991, Arias Leiva determinó falsamente que el programa AIS era «científico y técnico» con el fin de evitar el largo proceso de licitación pública y satisfacer sus propias exigencias y necesidades”. (Ver Página 5)
Pese a la contundencia del memorando de la Fiscalía, es de esperar que la defensa del exministro Arias siga repitiendo las falacias que vienen intentando convertir en verdad como que todo esto es parte de una persecución política del gobierno de Juan Manuel Santos.
O que la Corte Suprema se inventó delitos en su contra y lo condenó sin tener suficientes pruebas, o que el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos no es aplicable. También pueden incluir otro gran éxito reciente que crearon cuando la Corte de la Florida les negó la moción según la cual el tratado de extradición no está vigente y dijeron que la Corte Federal de la Florida usurpó el poder y emitió una sentencia inconstitucional en su contra. (Ver columna Disco Rayado)
Así como argumentaron cosas duras de creer al solicitar a la Corte de la Florida que se mantuviera bajo estricta reserva la identidad de los ciudadanos americanos que pagaron la fianza de un millón de dólares para que Arias preservara su libertad condicional.
“Todas las personas que han firmado la fianza del Dr. Arias tienen familia en Colombia, cuya seguridad podría estar en peligro si esta información se convirtiera en un asunto de registro público. Teniendo en cuenta los posibles riesgos de seguridad que enfrentan los defensores del Dr. Arias en Colombia (…) solicitamos respetuosamente que se proteja adecuadamente la identidad de las partes sellando sus nombres y direcciones en las enmiendas de la fianza”. (Ver Moción de confidencialidad)
No es claro de dónde sacan los abogados de Arias que las personas que patrocinan al exministro están en peligro. Como tampoco lo es la identidad de quiénes vienen pagando esos costosos abogados ni la fianza de un millón de dólares. Pero eso es otro tema.
Lo que no es verdad es decir que esas personas enfrentan algún riesgo al hacerlo y por eso es mejor mantener confidencial los nombres de quienes están financiando al fugitivo. Parece que las razones para mantener eso confidencial son otras diferentes a las que le dicen a la Corte.