En este país que cabalga sobre los escándalos de cada día nos olvidamos con facilidad de aquellos que en su momento parecían llamados a sacudir instituciones.
El 27 de febrero del año 2015 el magistrado Mauricio González denunció ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes a su colega Jorge Pretelt por la versión del abogado Víctor Pacheco quien sostiene que hubo un caso de soborno en torno a una tutela de Fidupetrol. Ha pasado un año y el magistrado sigue ahí instalado en un cargo que debería estar reservado para los mejores e intachables juristas.
Pocas veces se había tenido tanto consenso en torno a la necesidad de la salida de un personaje cuestionado. Al magistrado Pretelt le han pedido la renuncia sus colegas de la Corte Constitucional, el Gobierno, buena parte de los miembros del Congreso, los medios de comunicación y hasta los futuros abogados, pero el magistrado sigue aferrado a la silla afectando de manera grave la credibilidad de una institución llamada a salvaguardar ni más ni menos que nuestra Constitución.
Por supuesto que debe primar el debido proceso y no se lo puede condenar antes de que lo hagan las instancias competentes, pero ante la lentitud paquidérmica de nuestra justicia, es inconcebible que el país no tenga un mecanismo para retirar del cargo, así sea de manera provisional, a un funcionario de alto nivel cuando genera tantas dudas y cuando le hace tanto daño a la institucionalidad.
Algo no funciona cuando todos vemos que una persona ha manchado el buen nombre de la Corte y nadie puede hacer nada para remediarlo, salvo ser testigos del cinismo de una defensa que, usando todos los agujeros de la ley, dilata y dilata el proceso. ¿No hay quien pueda rectificar el error que cometieron los que postularon y eligieron al magistrado? ¿No se necesitaría un mecanismo rápido para evitar ese desgaste de las instituciones cuando los personajes no tienen la decencia de retirarse para no arrastrarlas al fango?
Dicen en los corrillos del Congreso que la mala reputación del magistrado Pretelt era un secreto a voces cuando su nombre llegó en la terna y que muchos sabían de las sombras en su historia, pero aún así lo eligieron con total impunidad como parte de las componendas y negociaciones políticas. Gran responsabilidad cabe a esos que, sabiendo lo que venía, no evitaron la llegada de este personaje a la Corte Constitucional.
Cabe reconocer que nunca antes una investigación de la comisión de acusación había llegado tan lejos porque hoy el caso Pretelt está a la espera de que el Senado decida su indignidad. Ninguno había llegado hasta allá. ¿Serán capaces los ilustres de salvarlo? En Colombia no hay vergüenza y todo puede pasar. El caso avanza. Lento, pero avanza. Sin embargo, las dilaciones han sido constantes y estamos a punto de cumplir ese aniversario del escándalo con un magistrado desprestigiado y con el proceso caminando a paso de tortuga como si no estuviera en juego la credibilidad de la justicia.
Si un caso como este, que pone en la mira al presidente de la Corte Constitucional, se tarda tanto, no nos podemos imaginar lo que significa la justicia para los de a pie. Cuántos años tardan los procesos, cuántas marrullas de abogados, cuánta injusticia.
El magistrado Pretelt está bajo sospecha. No es sólo por la denuncia de soborno; también está la sombra de un caso de usurpación de tierras que tiene a su esposa en la mira. Se habla de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y mucho más. No son de poca monta los señalamientos. Y mientras algunos de los involucrados, como el propio abogado Víctor Pacheco y Helbert Otero de Fidupetrol, ya están privados de la libertad, el magistrado Pretelt sigue ahí. ¿Por cuánto tiempo más?