Bobbio define el poder como “la capacidad de un sujeto de influir, condicionar y determinar el comportamiento de otro individuo (…)”. Ese poder es público cuando lo ejerce el Estado. Para que éste se estructure como tal, se necesitan además el territorio y el pueblo. El Poder Estatal se convierte en jurídico a través del Derecho. Para ser obedecido, debe tener legitimidad democrática y moral, participando en su conformación todo ciudadano mediante elecciones transparentes, no manipuladas por los factores delincuenciales del poder que, desde la oscuridad, financian las campañas políticas, ejecutando conductas punibles.
La democracia se transforma en delitocracia. Este cáncer aflora cíclicamente y tiene hondas raíces que desde épocas pretéritas laceran el corazón de la democracia. Todo poder así logrado carece de causa y objeto lícitos. Se atenta en materia grave contra los fines esenciales del Estado. El interés general y el bien común son desplazados por el provecho indebido de unas minorías que recorren senderos tortuosos y acumulan mayores privilegios.
La conciencia colectiva parece que despierta indignada ante los escándalos de corrupción que se denuncian diariamente. El caso Odebrecht desbordó el vaso de la paciencia social del país. Ojalá se sacudan los cimientos institucionales, muchos de ellos gangrenados, que deben ser removidos. El pueblo necesita recuperar la fuerza moral que casi siempre le ha sido arrebatada y desviada por una élite centralista, egoísta e individualista.
Se necesita Estado ético, Estado pueblo, que acabe con el amoralismo y la “dimensión demoniaca del poder”. No se puede seguir separando lo político de lo moral sin principios preestablecidos y sin consecuencias. Medir la política por los resultados, sin consideración moral de los medios, ha conducido a la Nación a la pérdida de confianza institucional. Puede asomarse a la anarquía.
La expresión de la voluntad general viciada deslegitima el Poder Público y desvanece el fundamento jurídico del Estado. Es urgente demostrar que el “Estado somos todos nosotros” y que la autoridad (incluidas todas las ramas del Poder Público) no se puede construir sobre lo prohibido por la ley en contravía de la moral social.
Sin apego al pseudoidealismo moral, ni al concepto ligado a la ideología de la clase dominante, se debe aspirar a una eticidad político-social, en aras de la moralización del Estado desde una óptica liberal y democrática. La moral no puede ser plenamente realizada al nivel colectivo por un Estado carcomido por la corrupción desde hace mucho tiempo. Hay responsabilidades históricas. Resuena y concita la proclama gaitanista: “Por la restauración moral de la República” o la denuncia laureanista de la “insensibilidad moral de los partidos”.
Nuestro destino trágico no ha sido sólo la violencia. La sociedad es pecadora por acción o por omisión. Pero más lo son los dueños del poder político y económico, que engendraron una clase dirigente que es necesario relevar. Le corresponde al pueblo, depositario de la soberanía popular, levantar la cabeza a partir del próximo debate electoral.
*Exsenador de la República.