El aumento del gasto militar en América Latina —el cual ha subido en 91% desde 2003— ha alimentado la idea de que en la región, y en especial en Suramérica, existe una carrera armamentista o que el rearme que se está experimentando puede provocarla.
Dado que las carreras armamentistas son producto de las percepciones de inseguridad y amenaza que existen entre los países, la enunciación repetida de su existencia por los medios, expertos y funcionarios puede generar condiciones propicias para su activación. Por ello, es importante tener claridad sobre el término mismo.
Una carrera armamentista existe cuando hay una relación directa o causal entre la adquisición de armamento, o el aumento del presupuesto militar o el pie de fuerza en un país y procesos similares en otros. Es decir, un país responde al gasto militar de otro aumentando el propio, en una lógica de acción y reacción propia del llamado “dilema de seguridad”. La compra de equipos militares ha sido justificada por Chile, Brasil y Venezuela —los tres países que más han gastado— por el carácter obsoleto de los sistemas existentes, los cuales han estado en uso desde los años 50 y 60. Salvo en el caso de Colombia, Perú y, en menor medida, Bolivia, que tienen conflictos o disputas territoriales irresueltas con Venezuela y Chile, respectivamente, dicho proceso no ha disparado la percepción de inseguridad en la subregión ni mucho menos ha repercutido en el rearme de otros países.
El hecho de que los Estados suramericanos no se consideran como adversarios entre sí y que se trata de una las regiones más pacíficas del mundo con mecanismos institucionalizados de resolución de disputas, explica por qué la compra de armamento en sí no se interpreta como amenaza. Sin embargo, parece innegable que la “feria” de compras y acuerdos en la que está participando la mayor parte de Suramérica va mejorando las capacidades bélicas de algunos países, lo cual —en un escenario de desconfianza y tensión críticas— podría incentivar el uso de la fuerza. Paradójicamente, ello se evidenció no con las adquisiciones desmedidas de Chávez, sino con el bombardeo del campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, en donde la superioridad de la fuerza militar colombiana posibilitó la violación de la soberanía del país vecino sin temor alguno de una represalia armada.
Independientemente de si la modernización del aparato militar en Suramérica es preámbulo de una carrera armamentista —que es improbable— queda la pregunta obvia de por qué se está gastando tanto en esto. ¿Sugiere cierta desconfianza entre los países de la subregión e incertidumbre sobre la evolución futura de sus relaciones? Si no, ¿por qué la mayoría se niega a firmar un acuerdo de armas convencionales —como existe en Europa— para fijar límites a la cantidad y capacidad tecnológica del armamento comprado? Más importante aún, ¿cómo se puede justificar un gasto militar tan alto —aunque como proporción del PIB no sea elevado— cuando existen problemas agudos de pobreza, desigualdad e inseguridad pública en toda Suramérica? Un diálogo subregional para analizar estos temas sería fundamental. Unasur —hasta ahora esquivo a ello— sería el espacio institucional idóneo para su realización.