DESDE HACE AÑOS HE COMPARTIdo con muchos pensadores sociales la obsesión (o más bien, la ilusión) de que la Humanidad se decida a enfrentar de una vez por todas el flagelo de la corrupción (pública y privada) en cada una de sus modalidades: política, económica, administrativa, judicial, etc., entendida ésta como “el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados”. Cada día somos más los que fantaseamos con la idea de que la ONU (o quien corresponda) cree algún día, anexo al de La Haya, un Tribunal Internacional para los Crímenes de Corrupción, que juzgue, sancione y condene de manera ejemplar a aquellos líderes que incurran en este tipo de delitos, con el mismo rigor con el que se castigan los crímenes “de lesa humanidad”.
Entre más alta sea la dignidad del implicado, más severa debe ser su condena y no como ocurre en muchos países, incluyendo el nuestro, en que se les da “mansión por cárcel”. El líder político, depositario de la confianza de su pueblo, que defrauda a sus electores, merece ser condenado a la más estricta de las penas y por supuesto a la “muerte política”. El funcionario que saquea las arcas de la salud, la educación, la vivienda, la agricultura y de todas aquellas entidades encargadas de satisfacer las necesidades básicas de la población, debe ser asimilado, sin paliativos o eufemismos, a un genocida social, y como tal debe ser tratado.
El policía que recibe una mordida, el revendedor de boletas en la cola de un espectáculo, el pequeño intermediario que conoce las triquiñuelas de la tramitomanía… todos ellos no son más que la consecuencia, la resonancia, la estela de lo que ocurre arriba. El ejemplo cunde desde la cúpula y si queremos erradicar con decisión esta plaga, quizás la más letal del comportamiento humano ya que en últimas es la causa directa e indirecta de todas las demás, debemos comenzar por extirpar el núcleo del mal: para acabar con la bestia debemos comenzar por la cabeza. Son los presidentes, ministros, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, quienes deben impartir, con su comportamiento, el ejemplo a sus gobernados. Si es en la cima del Poder donde se destila el veneno que se irriga por las venas de los organismos y las estructuras del Estado a toda la sociedad, es allí donde debemos los ciudadanos denunciar con energía y determinación inquebrantables, exigiendo respeto por nuestra voluntad soberana e inalienable.
La esencia del accionar de muchos políticos es la búsqueda a ultranza del Poder, justamente para su beneficio particular… Excepciones conocemos, pero la regla es abrumadora y las consecuencias las vemos a diario en nuestros campos y en nuestras ciudades… El desprestigiado ejercicio de la política se asocia, en el imaginario del ciudadano de a pie, con esa ansia desaforada e inescrupulosa por el Poder, asimilado éste “con la noción de fuerza”. Sin embargo, el poder debería estar más relacionado con la acción social colectiva y con la capacidad para transformar la realidad.
Poliética: no se trata sólo de un juego de palabras con el fin de acuñar un neologismo que contribuya a renovar esta noción devaluada del político. El concepto del poliético surge como un actor social comprometido con el deber y la responsabilidad, asumidos con integridad, ante el mandato insobornable que ha recibido de sus electores. El poliético se debe a su pueblo, mientras que la mayoría de nuestros políticos se comprometen con la satisfacción de su propia voracidad, la de sus clanes y la de su egoísmo suicida… Y digo suicida porque es obvio que, en una sociedad democrática, quien crea que su propio bienestar prevalece sobre el bienestar colectivo, está cavando su propia tumba social y moral.
*Director del Colegio del Cuerpo.