Cuando un programa de gobierno tiene más páginas que el libro Gordo de Petete o que una tesis de posdoctorado, me pregunto ¿cuánto tiempo le tomó al candidato planearlo? ¿Si fue una lluvia de ideas tras encerrarse en el cuartel de campaña con un ejército de asesores? ¿Si lo hace sólo por cumplir el requisito de ley? ¿Cómo va a cumplirlo? O ¿Si cree que los ciudadanos se van a leer semejante mamotreto?
Sin la profundidad que otorgan los títulos universitarios, pero sí con la autoridad que da recorrer las calles, llevar los hijos al colegio, coger bus y lidiar con las complicaciones de la vida diaria, un transeúnte del sector de Las Ferias, en el occidente de Bogotá, lo definió con una simpleza inigualable cuando le mostré lo que parecía un tratado urbanístico de casi 200 páginas: “al papel le cabe todo”, dijo.
Las promesas de campaña de quienes aspiran a reemplazar a Gustavo Petro, se diferencian más en los matices. Son ambiciosas, algunas estrambóticas, creativas y obvias. Muchas están concebidas pensando no sólo en las prioridades sociales sino en la misma lógica de una transacción comercial, como cuando se quiere vender un carro. Es mercadeo puro aplicado a la dinámica de la política: si el abanico de ideas es amplio, aumenta el potencial de captación de votos.
Excepto uno de los candidatos al que no lo benefician mucho las encuestas, los más opcionados están encaramados en el metro. Peñalosa lo plantea elevado por ser más barato, Pardo asegura que lo dejará contratado en su primer año de gobierno, Clara afirma que le jala tal y como quedó diseñado en los estudios y Santos, dice que lo construirá aunque le preocupa su financiación.
Pero si les preocupa el costo del Metro que está tazado inicialmente en $15 billones, sin incluir sobrecostos, no les intranquiliza tanto conseguir el dinero para construir más vías. En los mismos planes de gobierno el menú para destrabar el tráfico es casi el mismo. Más troncales, grandes autopistas, puentes, viaductos, tranvías, tapar huecos, trenes e intervenciones en las vías.
Previendo lo que se veía venir en inventiva durante la campaña electoral, la Veeduría Distrital de Bogotá, elaboró un minucioso informe hace un par de meses buscando alertar a la ciudadanía para que no comiera cuento. La veedora Adriana Córdoba lo advertía de manera enfática en aquel entonces, “debemos tener menos pensamiento mágico y más racionalidad colectiva”. Y planteaba sospechar de propuestas que costaran mucho debido a los recursos limitados de la ciudad.
Consultados sobre si creían que les alcanzaría la plata y el tiempo para semejante avalancha de obras viales, la mayoría de candidatos respondieron que buena parte de los proyectos se sustentaban financieramente en un modelo de alianzas público privadas (APP), cuya lógica es que el dinero lo pone un particular buscando recuperarlo y ganar a través de sistemas electrónicos parecidos al cobro de peaje.
Pero en seguridad planean otras fórmulas como aumentar el número de policías, crear Secretarías de Seguridad, crear “guardias urbanos”, otro aspirante los llama “policías cívicos”, también hablan de cámaras de seguridad, tecnología, construir ciudadelas judiciales y más cárceles. También planean responder a otras necesidades de la ciudad, como darle continuidad a programas de subsidios sociales, más colegios distritales y hospitales públicos. Estas iniciativas no sólo suman votos, también cuestan dinero.
Lo paradójico de todo este asunto, es lo que también me dijo un asesor de una de las campañas, quien me pidió no divulgar su nombre y es que si un candidato no ofrece una inimaginable variedad de propuestas, los votantes simplemente, no caminan.