EL LEGISLATIVO PLANEA AUTORI-zar la enajenación de un veinte por ciento de Ecopetrol, uno de los principales activos del país.
En tiempos de bonanza petrolera, se planea entregar a particulares parte de la joya de la corona de la economía nacional. Las utilidades de Ecopetrol crecieron 59 por ciento en 2010, las segundas más altas de su historia, superiores a 8,34 billones de pesos. Antes de seguir adelante habría que preguntarse no sólo sobre la conveniencia de feriar la gallina de los huevos de oro. El hecho de haber autorizado ya en el pasado la venta de un diez por ciento de la empresa, nada dice sobre la constitucionalidad de la medida.
Ecopetrol no es una empresa estatal cualquiera que pueda privatizarse por simple decisión mayoritaria. Es la responsable de la explotación del recurso natural no renovable del petróleo, cuyo dueño exclusivo es el Estado, ficción jurídica que nos representa a todos. Los recursos naturales son de todos los colombianos. Es deber de éstos protegerlos, según lo establece expresamente el numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política. No es dable admitir que quienes tienen dinero puedan adquirir parte de la única empresa nacional que explota el subsuelo del país, no dando la misma oportunidad de gozar de tales beneficios a los colombianos sin ingreso. Hacerlo supondría permitir que particulares con capacidad económica puedan tener mayor participación que otros sin ingreso en la apropiación y los beneficios de los recursos naturales no renovables. Esta decisión no sólo es contraria a las ideas de justicia e igualdad que inspiran el ordenamiento político, social y económico del país según el preámbulo de la Constitución. Desconoce también los fines esenciales del Estado consistentes en promover la prosperidad general y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.
No sobra recordar que el gobierno y el legislador deben ejercer sus competencias dentro del marco que la Constitución establece. Ella dispone en su artículo 334 que la intervención del Estado en la explotación de los recursos naturales debe hacerse “para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. La enajenación total o parcial de la exitosa empresa del Estado, vehículo de importancia estratégica para acceder al bien público del petróleo, desmejora la calidad de vida de los colombianos, distribuye inequitativamente las oportunidades económicas y va en contravía de los beneficios del desarrollo.
Corresponde al procurador general de la Nación defender los intereses colectivos y a la contralora general de la República presentar al Congreso un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. Ambos servidores públicos, tan diligentes en otros casos, no han dejado sentir su voz en la planeada venta de la gallina de los huevos de oro. Y esto pese a los antecedentes de saqueo de los bienes públicos, en este caso rentables, bajo el manto de servir a fines humanitarios. ¿Se imagina el lector qué será de los recursos millonarios obtenidos por la entrega de Ecopetrol a los particulares? No es sino observar lo que sucede ya con el despilfarro de los dineros oficiales dirigidos a socorrer a los afectados por las inundaciones, precisamente uno de los objetivos invocados para justificar la venta de parte del capital accionario de Ecopetrol.