En un juicio sin testigos, los senadores republicanos en el Congreso de Estados Unidos concluyeron que el presidente de ese país, Donald Trump, era inocente de los cargos por los que estaba siendo investigado. No es una sorpresa: incluso desde antes de que el juicio comenzara, el líder del partido en la Cámara Alta, Mitch McConnell, había dicho que estaba coordinando su estrategia directamente con la defensa del mandatario. Sigue desmoronándose la legitimidad de las instituciones de un país que antaño era ejemplo global en el respeto a la ley.
Solo una voz republicana se unió a los demócratas votando en contra de la absolución de Trump, aunque solamente por uno de los cargos: obstrución de la justicia. Mitt Romney, otrora candidato presidencial y ahora senador por el estado de Utah, dijo: “Creo que tratar de corromper unas elecciones para mantener el poder es un asalto a la Constitución todo lo atroz que puede ser. Por esa razón, es un delito o una falta grave, y no tengo otra opción, bajo el juramento que presté, que expresar esa conclusión”.
Era así de sencillo. Lejos de todo el espectáculo que armó Trump y que ha repetido en reacción a este innegable triunfo político, más allá de los gritos de sus copartidarios, la pregunta central en el juicio político era si el presidente había abusado de su poder para sabotear las elecciones que se celebrarán en noviembre. Todas las evidencias invitan a cualquier observador a concluir que, en efecto, sí ocurrió tal comportamiento y, por ende, Trump era culpable.
Incluso antes de que el proceso llegara al Senado, las pruebas estaban sobre la mesa. Diversas denuncias de miembros de la Casa Blanca, una transcripción de una llamada y un conocimiento profundo de la personalidad del presidente Trump construyeron el caso a favor de una condena en su contra. Sin embargo, las evidencias más pesadas estaban por llegar.
Mientras el Senado escuchaba a los abogados de ambas partes, se supo que John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional en la administración Trump, escribió un libro en el que contó cómo el presidente le pidió en varias ocasiones extorsionar a Ucrania con la ayuda militar a cambio de que el mandatario de ese país investigara a Joe Biden, exvicepresidente y líder demócrata. El libro será publicado en marzo, pero el Senado podía convocar a Bolton como testigo. En una votación, los republicanos dijeron que no, que no hacía falta perder el tiempo.
Un juicio sin testigos y sin que todas las evidencias puedan ser presentadas es una farsa. No hay otra manera de verlo. Tomarse un tiempo más para escuchar las preocupantes denuncias que se han publicado habría, por ejemplo, permitido que la defensa de Trump demostrara por qué esos testimonios no eran válidos. A cambio, nos quedamos con la frase nixoniana de Alan M. Dershowitz, uno de los abogados de Trump: “Si un presidente hace algo que él cree que lo ayudará a ser elegido en el interés público, entonces eso no puede entenderse como un quid pro quo”. Si un presidente hace cualquier cosa, es legal, parecen decir los ecos de la historia.
En el disurso del Estado de la Unión, Trump dio un discurso arrogante, lleno de imprecisiones y que siguió demostrando su talante autoritario. En el fondo, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, rompió en pedazos la transcripción de las palabras del mandatario. Símbolos de una democracia en riesgo que tiene ahora perfilado para la reelección a quien en un juicio con todas las de la ley hubiera estado al borde de ser retirado de la Presidencia.
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