Lo que ocurre en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga es una evidencia de los problemas que surgen por los vacíos legales y la normalización de los distintos tipos de acoso en la sociedad. Los reclamos de pedir el respeto al debido proceso de los maestros involucrados en las denuncias, si bien es entendible, cierra el debate, pues ubica toda la responsabilidad sobre un sistema judicial ineficaz e incapaz en estos temas, cuando la urgencia de los hechos pide que se tomen medidas inmediatas. ¿Cómo es posible que diez profesores tengan reclamos en su contra y sigan dando clases? ¿Se supone que los padres de las estudiantes deben estar tranquilos mientras la justicia toma decisiones?
Las pruebas están. En Noticias Caracol, una profesora de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga dijo que “uno de estos maestro tuvo la osadía de mandar sus genitales en un WhatsApp diciendo que era una obra de arte y que, en claroscuro, era considerado una obra de arte. Esas evidencias fueron pasadas a la Fiscalía”. Hablando con Blu Radio, Rafael Picón, expersonero de Bucaramanga, contó que un padre de familia empezó a hacer reclamos después de que un docente habría tenido relaciones sexuales con una menor de edad. En Vanguardia, una estudiante contó: “El docente me acechaba, me decía cosas con doble sentido. En una oportunidad me dijo que hiciéramos el amor. Así me lo insinuó, sin darle nada. Me empujó contra la pared y me besó a la fuerza en la mejilla”. Otra le contó al periódico santandereano que “en clase de música, el profesor puso su mano sobre mi hombro, la empezó a bajar hasta llegar a mis glúteos, me dio una palmada y me dijo: ‘Tranquila, no se preocupe que todo va a estar bien’. Al día siguiente en la plataforma tenía la materia en 100”.
Cuando se empezaron a contar estas historias, los padres y estudiantes crearon un Instagram para recibir denuncias. Se abrió así la compuerta que llevaba tres años represada: estudiantes contando comentarios xenófobos, misóginos, invitaciones indebidas, presiones y actos de abuso. Distintos grados de acoso que no deberían presentarse jamás en las entidades educativas. El problema es que la actitud de la institución ha sido pasiva. La rectora, Liliam Lizcano, dijo que “una vez interpuesta la denuncia no puedo hacer nada más que esperar a que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes”.
Insistimos: ¿cómo es posible que una institución educativa esté de manos atadas ante tan graves denuncias? Sí, claro, hay un ámbito de responsabilidad penal y civil, pero eso no evita la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias o, cuando menos, tomar medidas preventivas. Si tantas estudiantes han presentado evidencias, ¿por qué forzarlas a seguir viendo clases con docentes cuestionados?
Nuestros colegios no saben cómo enfrentar el acoso; la ley tampoco, pues hay vacíos en la definición y se suele pensar que solo hay acoso en los casos más graves, pero lo que se vio en la Escuela Normal Superior va desde actos abusivos hasta microagresiones que también deben ser investigadas y sancionadas. La cultura que ha quedado en evidencia afecta el desarrollo de las estudiantes y el ambiente de la escuela. Escudarse en el debido proceso judicial es, como pasa tantas veces en casos similares, ignorar un problema que requiere acciones urgentes.
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