Nos tocó a nosotros. Aunque en el discurso toda la clase política colombiana ha reiterado hasta el cansancio su compromiso anticorrupción, los hechos demuestran lo contrario. Hemos visto demasiados proyectos de ley que buscan transparencia hundidos por falta de voluntad de los legisladores, mientras los colombianos siguen sintiendo que el principal reto para el desarrollo del país es la corrupción. Ahora tenemos la oportunidad histórica de exigir, en las urnas, que se tomen medidas contundentes. ¿Estaremos a la altura del llamado?
Después de una dilación en abril, el Senado cumplió su promesa y aprobó, de manera unánime, convocar a los colombianos para que voten sobre la consulta anticorrupción. En total fueron 84 senadores a favor, y ninguno en contra, quienes aceptaron que el Congreso no ha cumplido con su deber de aprobar los proyectos anticorrupción adecuados y que los ciudadanos tienen derecho a ejercer las herramientas de la Constitución para combatir este flagelo.
Aunque es de celebrar la unión de todos los partidos políticos, no debe olvidarse que esto no fue una iniciativa fácil de aprobar. En realidad, fue la presión ciudadana, que mandó un claro mensaje a todos los legisladores, la que logró que pronto seamos convocados a las urnas.
Se lo explicó Claudia López, senadora y una de las principales promotoras de la consulta, a El Espectador: “Fueron más de 35.000 voluntarios alrededor de Colombia y en más de 29 países en el mundo los que recogieron más de cuatro millones de firmas de sus amigos y familiares en seis meses”. Esa declaratoria de interés y voluntad no podía ser obstaculizada por el Congreso.
Uno de los argumentos que se esgrimieron contra la consulta fue el costo. Por fortuna, el Gobierno Nacional le dio su respaldo con un argumento que compartimos. En palabras del ministro del Interior, Guillermo Rivera, “más allá del costo de la misma, el Gobierno piensa que la realización de la consulta significa el fortalecimiento de nuestra democracia y, en ese sentido, no estima que esto sea un gasto sino una inversión en el desarrollo democrático de la sociedad colombiana”. Además permite que los colombianos se tomen por mano propia las reformas necesarias para combatir la corrupción.
Ahora, no obstante, viene lo más difícil. A más tardar el 2 de septiembre de este año se realizará la convocatoria. Para ser aprobada, cerca de 12’231.314 colombianos deberán ir a las urnas y cada pregunta deberá recibir por lo menos 6’115.658 votos afirmativos. Como referencia, en la primera vuelta presidencial de hace unas semanas participaron 19’503.704. Entonces hablamos de una cifra conseguible, pero difícil.
La buena noticia es que, una vez pasada la segunda vuelta presidencial, el debate nacional tendrá motivos para centrarse en la corrupción.
Se ha hablado mucho sobre el despertar de un voto de opinión capaz de modificar el resultado de las elecciones. Su prueba de fuego será alcanzar el umbral en la consulta. Si se consigue, además de la obligación para el nuevo Congreso y el presidente de darles trámite a las reformas planteadas, los corruptos del país temblarán sabiendo que los colombianos los están vigilando de cerca y ya no tolerarán más impunidad.
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