El presidente Santos ha propuesto y desarrollado una agenda liberal, progresista, que es imposible no destacar. Y menos viniendo de donde veníamos, que tampoco se puede olvidar: ha cambiado el discurso frente a los derechos humanos, por ejemplo, y ha hecho avances que son incuestionables en esta área: plantear como política pública la restitución de tierras, presentar una ley exclusiva para el tratamiento de las víctimas o, incluso, apoyar la noción de crear memoria histórica mientras el conflicto (bueno, aceptar que hay conflicto) sigue en el campo, son cosas que apoyamos.
Y apoyamos, por supuesto, lo que se hace en La Habana con la guerrilla de las Farc. Es, probablemente, lo más rescatable de su gestión: la forma hermética en la que se pactó todo y el hecho de que sigan discutiendo, pese a las posiciones que lucían irreconciliables o a las crueldades que se siguen presentando en la guerra porque así se ha decidido que se realice esta negociación, sin detener el fuego.
Con todo, muchas veces este gobierno contradice con hechos lo que en teoría defiende. Los derechos humanos son un ejemplo: pese al lenguaje conciliador, impulsó la aprobación del fuero militar, poco hizo para impedir el debilitamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se apresuró a limitar a un año de gestión a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Da luces este gobierno de atemorizarse con los golpes de opinión y eso confunde y termina debilitando sus políticas. Este de los derechos humanos es apenas un ejemplo, central en un país que está lejos de poder cantar victoria en la defensa de la civilidad, pero los sobresaltos se ven en muchos otros temas.
El presidente Santos quiso también desde el principio ser un líder regional. Y, sin decirnos mentiras, en cierta medida lo ha logrado: Colombia, sede de la Cumbre del Pacífico; Colombia, sede de la Cumbre de las Américas; Colombia, uno de los países que promueven el debate de la legalización de las drogas; Colombia, restablecido en sus relaciones difíciles con Venezuela. Y así. Pero cuando llegó la decisión de La Haya en la disputa con Nicaragua, de nuevo ante una opinión indignada, salió a anunciar desacatos y renuncias a la jurisdicción de la Corte.
Así podrían analizarse, tema por tema, logros y desaciertos. Más importante, empero, resulta señalar un problema mayor que tiene este gobierno: su desconexión con los ciudadanos y sus realidades cotidianas. No es un asunto solamente del presidente Santos, que luce más preocupado con la mesa entre Israel y Palestina que con la del Catatumbo. El nombramiento en puestos determinantes de funcionarios que no manejan los temas, la predominancia de un equipo bogotano, masculino y blanco, muy seguro de sí mismo en sus políticas pero poco atento a escuchar y atender consejos, no hace sino reforzar esa idea de desconexión. Lo cual hace fácil la crítica y abre espacios a los intereses de siempre: verbigracia el tema clave de la infraestructura, donde se ha enfrentado con valentía a la contratación perversa de antaño pero no logra mostrar avances por falta de ejecución.
Queda un año. Un año intermediado por un escenario político complejo con la perspectiva electoral. La decisión de su reelección se habrá de tomar, como el propio presidente lo ha insinuado esta semana, de cara a lo que suceda con la paz. Pero si el propósito no es simplemente pasar a la historia por ello sino realmente dejar ejecutada esa agenda de prosperidad que prometió, queda tiempo para entrar de lleno en la acción y demostrar con hechos lo que desde aquí apoyamos como concepción.