Una persona está recluida en la cárcel y aún así se posesionó como alcalde de un municipio. Parece ficción, pero ocurrió a finales del año pasado en San Benito Abad (Sucre), donde Manuel Cadrazco, alcalde electo pese a estar siendo investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, fue juramentado ante un notario. No es un caso inédito en Colombia. ¿Hace falta expedir una nueva ley que explique cómo proceder cuando los mandatarios tienen medidas de aseguramiento?
En las elecciones pasadas, los colombianos eligieron a cuatro alcaldes que tienen medida de aseguramiento preventiva en centro penitenciario. No es una imagen agradable de la democracia colombiana -y de sus votantes- que una investigación penal y el dictamen de un juez sobre la peligrosidad para la sociedad de un candidato no sean suficiente disuasión para evitar que lleguen a cargos tan importantes.
Claro, estas personas todavía cuentan con la presunción de inocencia y tienen el derecho a un debido proceso. Al no haber sido condenados, su buen nombre sigue intacto. Dicho eso, ya hay dos decisiones en su contra: primera, la de la Fiscalía, que decidió imputar cargos, y luego la del juez de garantías, que los consideró un peligro para la sociedad y por eso dictó la medida de aseguramiento. ¿No debería ser eso suficiente para que no pudieran acceder a las alcaldías?
El caso de Cadrazco es particularmente problemático porque un notario lo dejó juramentar y, según los expertos, las normas no son claras sobre si está inhabilitado. Algo similar ocurrió en el período 2016-2020 con John Jairo Torres, alcalde electo de Yopal, que se posesionó estando en la cárcel.
Como le explicó a El Espectador Hernán Penagos, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se trata de “ciudadanos electos (que) se posesionan para desinformar a la comunidad y porque creen que bajo esa figura pueden tener algún tipo de beneficio penal o una posible libertad, lo que no tiene ningún tipo de causalidad. Deslegitiman la política”.
Estamos de acuerdo. Este tipo de situaciones no pueden presentarse. El CNE expidió el año pasado una petición a la Superintendencia de Notariado y Registro para que no permitiese la posesión de ningún mandatario con medidas de aseguramiento. A pesar de que la Superintendencia expidió una circular informando a todos los notarios del país, de todas maneras ocurrió lo de Cadrazco.
Una solución es expedir una norma que deje clara la invalidez de cualquier posesión de un alcalde sujeto de una investigación y que se encuentre en la cárcel. Si la decisión final del juez es confirmar su inocencia, pueden entrar a ejercer, pero el mensaje anticorrupción debe ser claro.
El elefante en la habitación de esta discusión es el mismo que aparece cada vez que hay elecciones: la responsabilidad de los partidos políticos. La feria de avales a personajes cuestionados no puede seguir siendo una característica de nuestra cultura política. Nos lleva a discusiones como qué hacer con un alcalde electo que esté en la cárcel.
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