Sin traer a colación aquellas conductas que ocurrieron en 2002 y 2003 y que a la fecha en que el entonces procurador Edgardo Maya retomó el proceso ya habían prescrito, se le reprocha a García Arizabaleta la acreditación de experiencia que no tenía y el cambio de reglas en su beneficio para acceder a puestos públicos.
A través de un certificado laboral presentado para aspirar al cargo de asesor presidencial en el año 2002, acreditó cinco años de experiencia en una empresa familiar en la que, según la investigación adelantada por la Procuraduría, en ningún momento estuvo contratado como empleado. Es más, la empresa estaba en quiebra. Tras posesionarse como director de Coldeportes, en 2003, modificó el manual de requisitos y dejó establecido que cualquier profesional podía ejercer el cargo. Siendo viceministro de Transporte y el encargado de Invías, emitió otra resolución en la que quedó incluida específicamente la profesión de arquitecto para desempeñar un cargo que estaba destinado a ingenieros, administradores y economistas. Tres años después, a finales de 2006, fue designado para dicha posición: la dirección de Invías.
“Respeto enormemente al Procurador —ha dicho García—, pero afortunadamente estamos en un Estado de Derecho”. No le falta razón en que las instancias judiciales deben agotarse antes de que se le declare culpable de los seis cargos proferidos por el ex Procurador Edgardo Maya. Pero lo que resulta inconcebible es que no renuncie a su cargo para preparar su defensa, como se lo recomendó el propio zar anticorrupción, Óscar Ortiz, y se lo han sugerido de manera insistente líderes de la oposición y medios de comunicación.
Si la salida en falso de García Arizabaleta irrita, no es insólita en un país en el que renunciar no es un verbo activo. Rara vez se aplica, como muestra de responsabilidad con una sociedad que debe estar confiada y segura de la transparencia de sus servidores. Contrasta la actitud de nuestros funcionarios, por la coincidencia temporal, con la actitud del primer nominado para la Secretaría de Comercio del gobierno de Barack Obama en Estados Unidos, Bill Richardson, quien se hizo a un lado de tan honrosa nominación por tener una investigación judicial. No una condena, una simple investigación. “Una muestra de su voluntad de poner la nación por delante”, dijo Obama con razón.
El silencio o la complicidad con que el Gobierno aborda y legitima esas actitudes no puede seguir siendo parte de la rutina con que políticos y funcionarios públicos desestiman los llamados de atención de los órganos de control. Pese a que el propio García Arizabaleta manifestó que la última palabra frente a su permanencia la tenía el presidente Uribe, de quien se dice es muy cercano y a quien ciertamente le debe su vertiginosa carrera, nada hemos oído de su parte. El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, fue a su vez explícito en defenderlo al afirmar que “el director del Invías ha hecho las cosas bien (aunque el estado de nuestras carreteras lo desdice) y tiene otras instancias para defenderse de la destitución e inhabilidad para ejercer cualquier cargo público”.
Quizás sea hora de tomar en serio, por una vez, la posibilidad de hacer de la responsabilidad política un vector con el que Gobierno, funcionarios y políticos le rindan cuentas a la ciudadanía.