Algo peor: los dueños de fondos de inversión especulativos, con rentabilidad cercana al 1.500%, en seis años, tienen al país en jaque. De no lograrse un acuerdo de última hora, en una Corte de Nueva York, la cuchilla caerá de nuevo sobre un país que había logrado sortear los efectos negativos de una cesación de pagos unos años atrás.
Justo el viernes de la semana pasada, el canciller argentino, Héctor Timerman, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, se anotaron un éxito político al lograr que la OEA aprobara una declaración de apoyo a las pretensiones de su país. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el tiempo juega en su contra. Un juez de Nueva York, Thomas Griesa, falló una demanda a favor de uno de los más activos “holdouts” que, acorde con su estrategia, no quiso entrar en el proceso de negociación para reestructurar la deuda externa argentina y así poder esperar para cobrar en un 100% el valor de los bonos que adquirieron en su momento a precio de gallina flaca.
El mundo de la ingeniería financiera internacional es complejo y poco fácil de entender para los legos. Por eso hay quienes hacen su agosto cuando manejan a su antojo las reglas del juego. La situación actual de Argentina se podría explicar de manera simplista de la siguiente forma: en época de crisis económica los devaluados bonos de deuda soberana de un país se pueden vender por un 20 o un 30% de su valor real, pues casi nadie se quiere “enhuesar” con ellos. Luego el país logra, a un costo alto interno y con muchas restricciones, enderezar su economía y uno de los dolores de cabeza que le quedan es cómo pagar a sus acreedores externos. Se sientan con ellos y logran acuerdos con el 93,7% a quienes les vienen pagando religiosamente. Hasta ahí todo va bien.
Sin embargo, el 7,3% restante, llegado el momento preciso, exige el pago del 100% de los bonos y acuden ante un juez en Estados Unidos que termina dándoles la razón, dado que no hay normas internacionales para el manejo de estas situaciones extraordinarias. Con la decisión en contra, y a pesar de que quiera seguir pagándoles a la inmensa mayoría de sus acreedores, judicialmente el Estado no puede hacerlo y entra en lo que los entendidos llaman un “default técnico” o cesación de pagos. Pero no porque le falte voluntad o dinero, sino porque la decisión judicial ordena que se les pague a todos o a ninguno. De ahí el nombre de “Fondos Buitre” a los tenedores que se lucran de manera exorbitante, aun a costa de llevar a todo un país a una crisis de incalculables proporciones.
Infortunadamente no es la primera vez, ni la última, que este tipo de situaciones se presentan en el mundo. Los “Fondos Buitre” arremeten por igual contra el sector privado como contra los Estados. Ya sucedió con Perú, Polonia, Ecuador, Costa de Marfil, Panamá y Congo. Apenas se sabe que hay dificultades en algún lugar alzan vuelo para ver dónde comprar deuda a precios de saldo.
Por todo lo anterior, se entiende por qué el ministro Kicillof dijo en Washington que “no podemos hacerlo bajo condiciones de extorsión y le pedimos al mundo, a la OEA, que tome cartas en el asunto”. Por eso mismo los miembros de la organización regional decidieron ofrecerle su respaldo a Argentina “con el fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos financieros y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100% de sus acreedores".
Justo ayer una delegación argentina de alto nivel se reunía con Daniel Pollack, el mediador designado, para tratar de “deshacer el entuerto” con los “Fondos Buitre”. Urge, por lo tanto, una regulación internacional para evitar este tipo de situaciones. Es de esperar que la voracidad de los “holdouts” logre mitigarse o será el pueblo argentino el que pague de nuevo los platos rotos.