El primero en prender las alarmas fue el propio Consejo Nacional Electoral (CNE), en cuya representación Marco Emilio Hincapié, su presidente, manifestó preocupación “por la manera como, de tiempo atrás, se ha venido distorsionando un poco la realidad”. Pronto fueron algunos candidatos presidenciales, aparentemente inconformes con los resultados de los sondeos, quienes plantearon sin tapujos la posibilidad de que se estuvieran adulterando encuestas. Surgieron también algunos estudiosos de la opinión pública y el comportamiento electoral, críticos de los medios de comunicación por ser éstos, en últimas, los que contratan y difunden encuestas que, de cualquier manera, son consideradas “un mal necesario”. Y entonces llegaron las quejas de los técnicos, en general expertos en estadística muy críticos del exceso que habría en materia de marketing político en un campo que requiere de la precisión de las matemáticas.
Ante tal cúmulo de posibilidades, que van del error, las malas interpretaciones y una posible incompetencia de parte de las empresas encuestadoras hasta la presencia, bastante más grave, de intereses políticos, trampa y fraude, tomó fuerza la posibilidad de una regulación estatal que estaría a cargo de la CNE. El momento no es el indicado y el órgano mismo que se encargaría crea suspicacias en razón de su procedencia partidista. Pero el debate está abierto. Y con cada nueva encuesta se reactiva.
Hay que decir que algunas de las propuestas planteadas merecen ser consideradas. Es preciso revisar el tamaño de las muestras con las que se hacen las encuestas, que algunos juzgan demasiado pequeñas y difícilmente representativas de una contienda presidencial. También debe ser estudiado el lugar en donde se encuentran los encuestados, en su mayoría centros urbanos sin relación con el sector rural. E igual ocurre con las estrategias empleadas para recabar la información, ya que crecen las dudas frente el uso del teléfono y la internet como métodos de aproximación al electorado. Todas estas dimensiones de la formulación de una encuesta pueden ser motivo de una mayor regulación. En caso de que la hubiere, la manipulación debe ser combatida.
Sin embargo, de acá a introducir mayores controles como la entrega, previa a la encuesta, del contenido de las preguntas bajo el supuesto de que algunas están viciadas, hay un paso que no debe darse en ningún caso. Sobre esa misma base no tardarán en llegar nuevos y más problemáticos pedidos de regulación a los titulares, los encabezados de las noticias y el enfoque mismo que se les da. Pronto habrá censores en los consejos de redacción.
Es paradójico que los medios de comunicación sean los críticos y principales clientes de las encuestas electorales. Pero no hay mayor contradicción en ello si se establecen unos estándares mínimos de calidad. Las encuestas siguen siendo insumos para la toma de decisiones. Ofrecen tendencias, hacen viables a algunos candidatos, e incluso pueden movilizar a los abstencionistas.
Y sin embargo no está tan claro que sean determinantes. No hay evidencia directa que demuestre su influencia sobre el voto. Compiten con cualquier otro mensaje que oriente la decisión del elector. Y éste, aunque se diga fácilmente lo contrario, también está en capacidad de tomar sus propias decisiones. No es un autómata.