Y no precisamente por la colaboración que se espera de quien jugó un rol protagónico en la historia del paramilitarismo en Colombia. Su falta de compromiso con “la paz y la reconciliación” llevó a que la Fiscalía y la Procuraduría solicitaran la suspensión de los beneficios procesales que le fueron acordados desde el momento en el que se desmovilizó. El Tribunal de Justicia y Paz, en audiencia prevista para el próximo 31 de mayo volverá a examinar la petición y es probable que Báez pierda el generoso pacto con la justicia transicional que otros paramilitares han aprovechado: pocos años de cárcel, siempre que sus delitos no sean tipificados como de lesa humanidad, a cambio de verdad y resarcimiento a las víctimas.
En su defensa, el jefe paramilitar sostiene que sus declaraciones ante la Corte Suprema fueron determinantes para algunos procesos de la parapolítica. Nadie lo duda. También insiste en que aceptó el cargo por concierto para delinquir que le fue imputado por la Fiscalía, lo que también es verídico. Pero falta el resto, pues el manto de asesor político con que ha querido pasar de agache, con más cinismo que estrategia, no convence a nadie. Y menos a los órganos encargados de valorar su testimonio.
Más allá de que la propia Fiscalía lo haya acusado de masacres, homicidios, secuestros y otros delitos que insiste en negar, ha quedado registrado, para la posteridad, su paso por la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), en los años 80. De Acdegam se sabe que fue la punta de lanza empleada por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño, que en ese entonces compartían enemigos políticos y militares, para extender la violencia desde el Magdalena Medio. Por tanto, Báez fue testigo de cómo nació el proyecto paramilitar en Puerto Boyacá —el mismo que arrasó con la Unión Patriótica e importó mercenarios israelíes e ingleses expertos en entrenamiento terrorista— y de cómo se intentó camuflar como un partido político a través del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena).
Ya en 1994, cuando Escobar, Rodríguez Gacha y Fidel Castaño habían muerto, Báez fue detenido por la Fiscalía, acusado de crear grupos paramilitares y del asesinato del concejal de Puerto Boyacá, Jairo Hernández. Quedó libre y no tardó en unirse a Carlos Castaño, hermano de Fidel, para emprender el proyecto de consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Incluso cambió de nombre por el alias de Ernesto Báez de la Serna, según ha dicho, en honor al argentino Ernesto Che Guevara. Después peleó con Castaño y se fue al bloque Central Bolívar como asesor de la máquina de terror liderada por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, que llegó a contar con 5.500 hombres y 29 frentes en 10 departamentos. Luego comandó el frente Cacique Pipintá en Caldas.
Dejó sus armas, sí, pero aún es acusado de dividir a Caldas en distritos electorales para beneficiar a sus protegidos políticos. La propia Corte Suprema, tras condenar a siete años y medio de prisión al ex representante Dixon Tapasco por sus nexos con el Cacique Pipintá, le pidió a la Unidad Nacional de Justicia y Paz que estudie la continuidad del líder paramilitar en el proceso de paz. Sencillamente porque se niega a confesar todas sus verdades. De concretarse su salida, el suyo sería un ejemplo para quienes insisten en burlar la ley. Probablemente el jefe paramilitar prefiere ser procesado por la justicia ordinaria.