Apoyado en un concepto del Consejo de Estado que avala que el Presidente de la República pueda modificar la terna, el pasado miércoles fueron nominados los destacados juristas Juan Carlos Esguerra, Vivian Morales y Carlos Gustavo Arrieta como posibles reemplazos de Mario Iguarán en la cabeza del ente investigador.
Ha hecho bien el presidente Santos en buscar tender un puente sobre el obstáculo central en la frustrada elección, cual es la división interna que vive la Corte Suprema de Justicia entre los magistrados afectos al gobierno anterior y aquellos que justificaban el bloqueo a una terna propuesta por el ex presidente Uribe en la todavía por aclarar en materia de responsabilidades, pero real, persecución de que fue objeto la Corte durante su mandato. Y ha hecho bien el Gobierno en tener la paciencia para solicitar un concepto previo al Consejo de Estado, pues siempre que se planteó la salida de un cambio de terna —incluso desde estas páginas, hace más de un mes— el argumento central del rechazo era la inexistencia de una base jurídica que lo permitiera.
Resulta lamentable, por lo tanto, que a pesar de que se ha producido la no poco arriesgada decisión de cambiar la terna, en los días posteriores la discusión siga latente con argumentos francamente peregrinos. Que el cambio de terna fue al parecer acordado con el ex presidente Uribe les sirve de excusa a algunos para alegar que siguen vigentes las reservas iniciales. Que la anterior terna ya había sido declarada viable y por lo tanto quienes votaban por sus integrantes deben seguir contando con ella, argumentan otros. Que la cercanía política de los nuevos ternados en pasados servicios en la actividad pública contamina su innegable preparación jurídica, dicen unos más. Que ni Morales ni Esguerra ni Arrieta son penalistas y eso los hace inelegibles, llegan a insinuar algunos, cuando en la breve historia de fiscales ha pasado por allí uno solo que lo ha sido. Y así…
Basta ya de excusas, por favor. Con su actitud, la Corte ha desechado ya dos ternas durante 14 meses, pero además ha sido incapaz de elegir la vacante que desde hace largo tiempo tiene en su Sala Laboral, ni siquiera ha podido designar un presidente en propiedad y se vio a gatas para definir su candidato a la Contraloría. La Corte Suprema de Justicia pone en riesgo serio su propia legitimidad si deja prosperar debates de poca entidad para dilatar su responsabilidad constitucional en la elección del Fiscal General más allá del trámite natural de una elección.
Mal ha comenzado el proceso aplazando esta semana hasta el próximo 23 de noviembre, día de la penúltima Sala Plena antes de las vacaciones de fin de año, el primer análisis de la nueva terna. Ciertamente sería inexplicable que a los nuevos nominados se les obviara la audiencia pública que debieron cumplir los seis opcionados que los precedieron, pero resultaría inexcusable que el proceso se dilatara al punto de que no se llegara a solución alguna antes del final del año. El tiempo es corto, pero la urgencia manifiesta. Lo mínimo que espera el país es que los magistrados dediquen cada día que resta del año a concertar los acuerdos que sean necesarios entre ellos para elegir Fiscal General en este 2010. Si esta terna de juristas de primer nivel no resulta suficiente para que se superen la división, los juegos políticos o el desprecio por el cumplimiento de una de sus funciones constitucionales, sería la propia Corte Suprema de Justicia la que comenzaría a resultar inviable. Se acabaron la excusas.