Las más recientes informaciones que comprometen con la tenebrosa organización de alias Don Mario ni más ni menos que al director de Fiscalías de Medellín durante siete años hermano del actual Ministro del Interior y de Justicia, así como a un empresario de la capital antioqueña con amplia aceptación social al punto que hace dos meses nada más compartía con las principales autoridades políticas y de justicia en la posesión del ministro Valencia en la Casa de Nariño, y las tres oscuras reuniones, a falta de una, de funcionarios de confianza de la Presidencia con un bandido de la banda de alias Don Berna y con su abogado en un plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, son muestra fehaciente del nivel de infiltración y sofisticación al que ha llegado la delincuencia en el país.
Y esto es apenas lo que se ha conocido esta semana, que terminó con la denuncia de la aparente utilización de una camioneta adscrita al Ministerio del Interior, conducida por un funcionario del DAS, para ayudar a escapar a Jorge Eliécer Ocampo Morales, alias Bogotano, uno de los testaferros de alias Don Mario, durante una redada hace unos meses en el Urabá antioqueño.
Es cierto, como con sobrada razón piden algunos, que no se debe caer en los análisis apocalípticos cuando justamente lo que muestran estas revelaciones y las que se desprenden de los procesos de justicia y paz, la parapolítica, la farcpolítica y hasta la yidispolítica, es que las instituciones están funcionando y mostrando resultados para enfrentar problemas aplazados durante muchos años. Absolutamente cierto y motivo de satisfacción.
Pero a la vez, cuando ante revelaciones tan graves la respuesta del liderazgo del Estado es lanzarse en una feria de ácidas disputas verbales y acusaciones para todos lados, como hemos visto esta semana —comenzando por el mismísimo Presidente de la República—, sobran razones para preguntarse también si esa fortaleza institucional aguantará el embate y si no estamos más bien pavimentándoles el camino a los criminales para sacar provecho de ellas.
Reveladora y certera ha sido, en ese sentido, la percepción que se llevó tras un par de días en el país el fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, quien de una parte expresó su preocupación por los “desajustes” institucionales que presenció pero, de otra, comparó la gravedad de la situación de violencia colombiana con la de la República Democrática del Congo, “con la diferencia (que) el Congo reconocía que no tenía capacidad institucional; Colombia, en cambio, es un sistema institucional que funciona”.
Ese es, ciertamente, el dilema que en este momento crucial vive el país de cara al futuro. La oportunidad está dada para poder tramitar nuestra tragedia por la vías que contiene nuestro ordenamiento y con el funcionamiento armónico de nuestras instituciones, así el proceso sea doloroso y la verdad aterradora. Pero para que ello pueda suceder hay que abandonar las paranoias, poner la mira en el largo plazo y no en ganar peleas políticas coyunturales, y entender que la amenaza a nuestra estabilidad es enorme, como se ha visto, y solamente en un ambiente de unidad se podrá enfrentar con éxito.
Importante, en medio del espectáculo que se vio durante la semana, que el vicepresidente Francisco Santos se haya atrevido a salirse del redil para llamar a la calma. Quizás su capacidad de convocatoria no sea suficiente, pero es un paso adelante sin duda para empezar a abandonar la ceguera que produce toda paranoia y entender que este momento es vital para definir el futuro de nuestra suerte. De lo contrario, seguiremos creando enemigos donde no los hay y caminando hacia un abismo, para placer de los criminales contra quienes deberíamos enfocar todos nuestros esfuerzos.