Peor aún, se comienza a conocer de a poco la improvisación —por decir lo menos y siendo bienpensados al extremo— con que se manejaron estos elementos y sin embargo nadie se hace responsable del escándalo ni paga por él. Antes bien, se ha tratado de presentar como procedimientos legales lo que indudablemente fue una operación de limpieza y manipulación de pruebas para burlar la acción de la justicia.
Lo sucedido es intolerable, y más aún lo es que se intente ahora presentar todo como algo “normal”. De lo que se ha sabido hasta ahora, el computador de Salvatore Mancuso salió de la cárcel de Itagüí desde el 6 de mayo, y uno de repuesto que utilizó desde entonces salió también dos días antes de la operación. El computador de Ramiro Vanoy le fue entregado a sus familiares luego de la operación, y éstos le sacaron el disco duro, seguramente lo manipularon, y luego lo dejaron para que apareciera abandonado “en una biblioteca”. Algo parecido sucedió con siete tarjetas SIM de teléfonos celulares y, como lo informó este diario a mitad de semana, al menos en el caso de Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, existe un acta inicial en el que su celular aparece con la tarjeta SIM y luego otra en la que ya no aparece. Es decir, cuando menos en la cárcel Itagüí, la información vital de estos computadores y celulares pudo haber sido estratégicamente manipulada y su valor probatorio haber quedado en veremos.
Es inevitable acudir al contraste entre la manera como, según se ha visto en los videos del ataque al campamento de Raúl Reyes, en la oscuridad total y en un ambiente hostil ante la incertidumbre de posibles ataques de respuesta, se tuvo especial cuidado en asegurar los computadores del líder de las Farc, mientras que en este caso, en una operación pensada y ejecutada en las cárceles colombianas, con toda la seguridad del caso, se tuvo absoluto desprecio por los computadores y celulares de los comandantes. Y ni hablar de la salida pronta a dar conferencias de prensa con el contenido del uno, mientras que con los otros pasaron muchos días antes de que se supiera, con cuentagotas, que andaban embolatados.
Más allá de las entendibles suspicacias que estos contrastes protuberantes despiertan, sorprende la falta de acción contra los responsables. El ministro de Justicia, Carlos Holguín Sardi, ha admitido que se rompió la cadena de custodia y que muchas personas “pudieron tener acceso irregular” a los computadores y celulares. Y aun cuando ha prometido que “las eventuales responsabilidades, omisiones o descuidos que pudieron cometerse deben ser objeto de investigación y de la correspondiente sanción disciplinaria”, el tamaño del escándalo merecía acciones drásticas inmediatas. Tanto más en cuanto es vox pópuli el poder que en el Instituto Penitenciario de Colombia (Inpec) mantiene el congresista de su partido Ciro Ramírez, involucrado hoy en investigaciones por narcotráfico y cuyo hermano, Pedro, es jefe de control interno en el instituto.
Más insólita aún ha sido la respuesta del director del Inpec, el general (r) Eduardo Morales, al escándalo, declarando que todo se hizo de manera legal —puede ser cierto, pero la colaboración con la ilegalidad es evidente— y lavándose las manos con el argumento de que cuando le ordenaron alistar a los 14 internos nadie le pidió mantener en “custodia ningún elemento” de sus pertenencias.
A la espera de que rueden las cabezas que han de rodar, todo el episodio preocupa además por la situación de nuestras cárceles y en particular las de máxima seguridad, en las cuales se han hecho inversiones millonarias en los últimos años y sobre las cuales se nos decía estaban al nivel de las más seguras del mundo. Quizás en infraestructura pueda ser cierto, pero claramente no en su manejo, que sigue siendo muy dudoso. Es cierto que fue el Gobierno Nacional el que permitió las facilidades tecnológicas y de comunicación a estos presos privilegiados, pero lo que sucedió es muestra de que, incluso en las cárceles de máxima seguridad, el poder del dinero y de las conexiones delicuenciales sigue mandando a su antojo. No hemos, pues, como creíamos, avanzado tanto de los tiempos de la Catedral de Pablo Escobar, y eso es una tragedia.