Para empezar, ayer ordenó congelar los salarios de los funcionarios más altos de la Casa Blanca, ajustó y endureció las reglas que aplican a los grupos de lobby y, en general y en sus propias palabras, estableció un nuevo estándar para generar un gobierno más abierto y transparente. Si las familias se están apretando el cinturón, dijo el nuevo presidente, lo mismo debería hacer Washington. La nueva ‘era de la responsabilidad’ ha empezado.
En el plano internacional, el Presidente hizo sus primeras llamadas telefónicas a varios líderes en el Medio Oriente, entre ellos al presidente de Egipto, Hosni Mubarak; al primer ministro de Israel, Ehud Olmert; al rey Abdullah de Jordania y al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Todo dentro de una diplomacia que, como ya había prometido durante su campaña, se basará más en el diálogo y la concertación que en el uso de la amenaza y la coerción. El Medio Oriente es el escenario por excelencia en donde la nueva administración tendrá que mostrar su músculo para la mediación y su habilidad para liderar el sistema internacional.
La otra decisión, de fundamental importancia, la tomó el martes en la noche. El presidente Obama ordenó un cese inmediato de todos los juicios militares por crímenes de guerra que se adelantan en contra de varios sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo. El objetivo será, durante los 120 días que durará el cese, revisar cuidadosamente la situación de los presos en Guantánamo, como un paso inicial pero contundente hacia el cierre definitivo de este centro de detención.
Esta decisión revela claramente una premisa esencial en la que el nuevo mandatario insistió durante su discurso inaugural: Estados Unidos, bajo su administración, no volverá a transar en materia de derechos individuales. Estos principios fundamentales no son ni serán negociables. Con ello, el Presidente mandó un mensaje claro a toda la comunidad internacional, un mensaje que bien haría el gobierno colombiano en escuchar con mucha atención y cuidado.
Washington no se va a hacer el de la vista gorda con aquellos que en su combate contra amenazas terroristas, sean ellas de cualquier tipo, se pasen por la faja el respeto a los derechos humanos. Claramente este es un tema en el que los demócratas son tremendamente sensibles.
Las razones que tenga la nueva administración para insistir en este tema son lo de menos. El punto esencial es que, por ejemplo, y sólo para empezar, el gobierno Uribe va a tener que pensarlo dos veces antes de acusar de aliadas de la guerrilla a organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Tanto la bancada demócrata en el Congreso estadounidense, como el nuevo presidente, seguramente van a escuchar con cuidado lo que estas organizaciones tienen que decir sobre el comportamiento del Estado colombiano en materia de derechos humanos. Así que un llamado a la mesura en materia de declaraciones presidenciales no está de sobra.
Pero la cuestión no es solamente discursiva. Inevitablemente, el gobierno colombiano va a tener que cambiar la forma y el contenido de su política exterior hacia la potencia del norte. El haber sustituido una histórica estrategia que buscaba construir un consenso bipartidista en los Estados Unidos, por una estrategia que le apostó a una alianza irrestricta con los republicanos, va a tener costos enormes. Las diferencias con los demócratas en el poder son de fondo y el gobierno colombiano deberá buscar formas inteligentes de zanjarlas. Claramente, el objetivo de la administración Obama no es combatir el terrorismo a costa de lo que sea o de quien sea, y mucho menos apoyar a aquellos que creen que esa es la forma de enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado.
Entonces, temas como el de los falsos positivos, otros crímenes de Estado que aún siguen sin resolverse y la falta de garantías para la labor sindical en Colombia, tendrán que ser abordados con más seriedad y efectividad. Porque la luna de miel y la “relación especial” con Washington se acabaron el martes con la salida de Bush por la puerta de atrás de la Casa Blanca. Es el momento de empezar a reconstruir una relación bajo unas reglas de juego fundamentalmente distintas. Al final, estas pueden ser muy buenas noticias para la muy lamentable situación de derechos humanos en el país.