Aunque atrevida, la fórmula no es nueva. Anteriormente, Francisco Galán, del Eln, y Rodrigo Granda, de las Farc, disfrutaron de beneficios parecidos. Y los resultados, ni en uno ni en otro caso fueron los esperados. Es más, de Rodrigo Granda, liberado para favorecer un intercambio humanitario, se sabe que incumplió y volvió a la guerrilla. El caso de Francisco Galán, aunque menos dramático, tampoco genera demasiadas expectativas. Las negociaciones de paz con el Eln nunca avanzaron lo suficiente.
Pero el Gobierno insiste y la decisión ya es parte del “proceso de paz” en el que se supone estamos desde que algunos guerrilleros, motivados por diversos beneficios económicos y jurídicos, optaron por la desmovilización. Pese al prontuario de delitos cometidos por los dos ex guerrilleros, pronto se les verá en la calle y se espera que con sus contactos —y el mensaje que supone para quienes enfundan un arma el verles libres— contribuyan a lograr mayores deserciones.
Las víctimas y sus familiares, en Caldas, Antioquia y Risaralda, con justificada razón protestarán. Algunas de las acciones delictivas de Karina, por ejemplo, nos han sido descritas en más de una ocasión como parangón de barbarie y excesos. Y sin embargo, el Gobierno le dará su apoyo. Confía en su voluntad de no reincidir y en la capacidad para ganar adeptos, con su mensaje de desmovilización, entre quienes aún se esconden lejos de las ciudades y figuran entre los más buscados por las autoridades. Liberando a Olivo Saldaña, hoy preso en La Picota, es probable que el Gobierno desee darle visibilidad al movimiento “Manos por la paz”, que con el tiempo ha crecido en las cárceles y representa una buena posibilidad de que el mensaje de la desmovilización llegue por igual a parientes y amigos de los guerrilleros recluidos.
Toda acción encaminada a aligerar la guerra, todo rifle depuesto, es en esencia un acto encomiable que merece aprobación. Incluso difusión y aceptación si con ello se garantiza su efectividad. Las buenas intenciones del Gobierno, tras esta arriesgada medida, son pues difíciles de esconder.
Pero las dudas acechan. En el plano jurídico, aunque se ha señalado que los procesos judiciales de los dos guerrilleros seguirán abiertos, los interrogantes por posibles crímenes de lesa humanidad preocupan a los expertos en la materia. Y antes que un fundamentalismo judicial, se está acá ante un llamado a la cordura. El Estado no puede contribuir a que el conflicto se degrade y el mensaje de apoyo a la impunidad se esparza. Aún resuenan, de hecho, las imágenes de la mano cercenada de Iván Ríos, quien fue asesinado por su guardia personal con el objetivo de hacer efectivos los cinco millones de dólares que por su captura ofrecía el Gobierno. En el plano instrumental, existen de cualquier forma reservas frente al verdadero poder de disuasión de los dos ex guerrilleros seleccionados por el Gobierno. A la fecha, ni Karina ni Olivo Saldaña son reconocidos por las Farc como interlocutores válidos. Sus funciones en pro de la paz, aunque bienintencionadas, si se llevan a la práctica no tendrán un efecto colectivo. A lo sumo, varios casos individuales que difícilmente contribuirán con una salida negociada al conflicto.
De acá que para muchos, lo que el Gobierno entiende por política de paz —y ahora sin la figura del Comisionado— no pase de ser una estrategia de guerra que tiene por objetivo minar por dentro a las Farc. El llamado de atención debería permitir que el Gobierno reconsidere la importancia de estructurar una política de paz convincente, de largo plazo y exenta de recetas espontáneas cuya aplicación es tan incierta.