Y con dichas renuncias, de hecho, se ha abierto de una vez la campaña para la renovación de una rama legislativa que, en su punto más bajo en mucho tiempo, quizás en su historia, comienza mañana un período más de sesiones ordinarias con temas de gran trascendencia para el futuro del país.
Ya tendremos tiempo mañana de profundizar en este mismo espacio en las particularidades de una agenda legislativa que llega marcada por los temas coyunturales de las campañas electorales de Congreso y Presidente de la República de 2010, lejos de una visión estructural y de largo plazo, como si no fuera esto, sino lo primero, lo que requiere el país. Tal vez por eso mismo es por lo que la atención de la opinión está enfocada más a las elecciones para poder renovarlo dentro de un año, que a lo que todavía pueda producir este Congreso nada admirable, para parafrasear a un pasado ministro del Interior y de Justicia de labia suelta.
Y es que hay razones para, desde ya, hacer relevante la especial importancia que revisten las elecciones parlamentarias del año entrante. No se puede soslayar la tragedia que representaron para el país las dos últimas elecciones, marcadas por la penetración de las mafias en el poder público, como se desprende de las investigaciones de la parapolítica. Ahora que comienza una nueva campaña, los electores no podemos pasar por alto que 65 miembros de nuestro parlamento han estado investigados por sus alianzas con el paramilitarismo y que faltan por conocerse nuevas investigaciones sobre nexos también con la guerrilla y otras bandas del crimen. La vergüenza de un Congreso capturado por las mafias no se puede repetir. Y aun cuando falte un año, desde ya hay que estar vigilantes para que esta campaña que comienza hoy sea muestra de una lección aprendida.
Refrescante, en ese sentido, fue la renuncia esta semana del ex ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Juan Lozano, cuya transparencia está libre de dudas, con la intención de llegar al Congreso. Más allá de la interpretación de pura mecánica electoral de un Gobierno decidido a buscar mayorías más sólidas que las que ha mantenido a punta de clientelismo en su frágil coalición actual, el llamado del presidente Uribe a “elegir un Congreso de excelencia en 2010” parecería anunciar un acto de contrición de ese afán que en otros momentos demostró para lograr esas mayorías a toda costa. Dista mucho este llamado, en efecto, de la vista gorda con que se aceptaron apoyos de dudosa reputación en pasadas elecciones, incluso, en la última, de personajes expulsados de otros movimientos. O de aquella desafortunada declaración presidencial en la que se llamó a los congresistas investigados a votar los proyectos del Gobierno, “mientras no estén la cárcel”.
Puede resultar ingenuo, ciertamente, considerar que en una simple declaración se puede advertir un cambio trascendental. Pero este es sin duda el tipo de mensajes que hay que promover desde ya para crear las condiciones que permitan elegir un Congreso que contribuya a recuperar la credibilidad y la legitimidad de una institución central en los regímenes democráticos; y que preserve y defienda su independencia frente a las otras ramas del poder público y frente a la injerencia indebida de intereses particulares, legales y sobre todo ilegales. Eso aun cuando la poca transformación de nuestra mecánica electoral no permita mirar con mucho optimismo este propósito. Lo contrario sería caer en un apague y vámonos que no resistiría ya nuestra golpeada democracia.