Hoy, cuatro años después, no obstante el claro protagonismo del sistema de justicia en la definición de los principales problemas del país, son evidentes las dificultades de las instituciones de esta rama para impartir justicia y reparar a las víctimas del conflicto. El que nuestra justicia de transición transcurra bajo el fuego de la guerra es también una amenaza latente para la consolidación de una paz de largo plazo.
Los procesos e investigaciones judiciales en contra de paramilitares, guerrilleros, políticos, militares y otros actores relacionados con el conflicto se adelantan en juzgados y fiscalías en todo el territorio nacional. Y aquí empiezan los problemas. En las regiones bajo el control de los actores armados, las instituciones judiciales se enfrentan con dificultades para avanzar en las investigaciones. En otras regiones con élites políticas afianzadas, los jueces y fiscales están influenciados por las redes políticas locales. Las decisiones judiciales allí suelen favorecer a los que tienen el poder. Estas realidades contrastan con la justicia del nivel nacional —Fiscalía General de la Nación y las Altas Cortes—, que en los últimos años se ha fortalecido e independizado. Así, ha logrado emprender procesos judiciales como la parapolítica, que no existirían si no hubiesen sido extraídos de los circuitos judiciales de las regiones descritas anteriormente.
Las realidades contrastantes de los niveles regionales y nacionales de justicia han hecho que el éxito o fracaso de un proceso dependa del sitio al que es adjudicado. Múltiples ejemplos recientes lo ilustran: recordamos la carta de Constanza Turbay Cote al Presidente de la República solicitando que el proceso judicial que investiga las muertes de sus familiares a manos de las Farc, en el que está implicado el ex congresista Luis Fernando Almario, no fuera trasladado, como solicitaba este último, a un juzgado del Caquetá. También está la decisión de un juez de Tuluá de dejar en libertad a los militares implicados en la masacre de Trujillo, decisión que fue reversada en días pasados por el Tribunal Superior de Buga, que ordenó recapturarlos. Igual con las denuncias ciudadanas a la Fiscalía Seccional de Medellín, en ese entonces liderada por Guillermo Valencia Cossio, por la lentitud con la que se estaban llevando los procesos de parapolítica y la solicitud de trasladarlos a la Fiscalía de Bogotá.
Estos y otros ejemplos han dado a entender que para vencer la impunidad, los procesos judiciales en estos temas deben sacarse de los juzgados cercanos e incluso llevarse a la capital. Sin embargo, esta solución tiene graves consecuencias en el largo plazo pues dificulta el fortalecimiento de la institucionalidad local.
La solución no puede consistir en pasar sistemáticamente por encima de los juzgados locales y regionales, implementando una permanente intervención del centro en los procesos de otras jurisdicciones. Pero tampoco en darles total autonomía a las instituciones judiciales locales y regionales, porque ya está visto que la autonomía a la justicia local se traduce en decisiones amañadas que favorecen a los poderes locales.
El llamado es a encontrar un punto intermedio entre estas dos posibilidades, que combine el control de las instituciones nacionales con el control de la ciudadanía de las regiones implicadas. Un control que construya en el corto y mediano plazo algún grado de independencia de los jueces locales frente a los poderes políticos y armados. Es urgente que la Rama Judicial piense rápidamente en hacer estas transformaciones de fondo. De otra forma, o habrá grandes niveles de impunidad, o las regiones nunca administrarán su propia justicia.