Tanto el procurador, Alejandro Ordóñez, como el fiscal, Mario Iguarán, son conscientes de que la investigación posterior al asesinato del líder liberal no dio resultados y sí fue pródiga en toda clase de inconsistencias, desde desvíos poco transparentes de la investigación hasta evasiones en extremo sospechosas frente a los hilos que se debían halar. Por ello ahora quieren integrar un equipo interinstitucional, aparentemente con los mejores investigadores a su disposición. En adelante, nuevos testigos y pruebas, así como las riendas de la pesquisa, estarán en sus manos.
Luis Carlos Galán protagonizó, en su momento, el intento más intenso por reintroducir la democracia colombiana, permeada ya por el narcotráfico y la violencia, en la legalidad y la decencia. Su trayectoria, su ascenso y enorme popularidad, sus derrotas electorales, su lucha contra la corrupción y el asesinato meses antes de las elecciones presidenciales —que con seguridad habría ganado— simbolizan la génesis y el fin de una esperanza de cambio en la historia política del país. Una más…
Es por esto que ante el anuncio de nuevas pruebas y esfuerzos para esclarecer su homicidio se abre una veta de ilusión y se crean expectativas frente a la aplicación de justicia en un caso emblemático. Sin embargo, los nuevos esfuerzos, por loables que sean, deben ser recibidos con moderado optimismo. Si algo ha caracterizado el proceso Galán —y en general los de homicidio político de las últimas tres décadas— ha sido la impunidad acompañada de grandilocuentes discursos de justicia. Los procesos judiciales de los asesinatos de Gloria Lara, Rodrigo Lara, Álvaro Gómez, Guillermo Cano, Enrique Low, Jaime Garzón y el genocidio de la Unión Patriótica, entre muchos otros, reposan actualmente en polvorientos archivos, todos víctimas del olvido y al acecho de la intolerable prescripción.
En el sumario Galán no han sido pocos los discursos pomposos que prometían rigurosas averiguaciones y resultados irrefutables. Tan solo cuatro días después del asesinato, el entonces presidente Virgilio Barco anunció con emoción: “Les prometí que el crimen del doctor Galán no quedaría impune y aquí tienen a los asesinos”. Las cinco personas a las que hizo referencia, sin embargo, fueron declaradas inocentes después de pasar tres años en prisión, en lo que todo indica fue un desvío intencionado de la investigación. A partir de entonces, muy poco se avanzó. A cada discurso anunciando nuevos y definitivos hallazgos sobre el caso sucedían breves encarcelamientos, pruebas insuficientes, testigos asesinados y enigmáticas absoluciones.
La falta de conclusiones efectivas que pongan punto final a tantos crímenes del pasado siglo le plantea retos importantes a la justicia actual. La imposibilidad de resolver estos procesos en caliente, ahí en donde la justicia es más efectiva, dificultó enormemente las investigaciones posteriores: testigos fueron asesinados y posibles culpables murieron o tuvieron tiempo de mimetizarse en la sociedad legal.
Por ello cabe preguntarse por los límites que la política de coyuntura le impone al desarrollo y la independencia de la justicia. Si ésta debe esperar 20 años a que los culpables pierdan todo —o parte— su poder político para entonces sí poder confrontarlos, nada bueno le depara al país. En un momento en que la justicia es central para resolver asuntos como los de los llamados falsos positivos o las ‘chuzadas’ del DAS, por nombrar solamente dos, que no sea el caso Galán —dada la visibilidad mediática que acompañará el aniversario de su muerte— lo que sirva para desviar la atención y la presión de la opinión frente a los casos que hoy la justicia debe resolver. Para que dentro de 20 años no estemos esperanzados en la reapertura de estos casos y así, muy tarde, cese la impunidad.