Lo hará a partir del 1 de enero, en medio de una difícil coyuntura económica. Los países de América Latina tienen razones de sobra para celebrar que un aliado natural ocupe tan importante estrado. Pero no deben llamarse a engaños: una parte fundamental de los programas que adelantará España, responderá a los retos inmediatos y de carácter local.
De acá que el documento que puso a circular el Ministerio de Asuntos Exteriores haciendo explícitos los objetivos del mandato europeo haga énfasis en la necesidad de “afianzar” la recuperación económica. España es, además, uno de los países más afectados por la crisis, con un desempleo que ronda el 20 por ciento y un déficit presupuestario que se prevé superará el 10 por ciento del PIB. Por consiguiente no le será fácil ampliar el espectro de sus actuaciones.
Sin embargo, tiene otros retos. Está entre sus tareas inmediatas adelantar la aplicación del Tratado de Lisboa, que recién entró en vigor el 1 de diciembre y por cuya ausencia la Unión Europea vivió momentos de parálisis institucional. El Tratado de Lisboa fue diseñado para una mayor simplificación en la toma de decisiones de los 27 estados miembros e introdujo cambios en la maquinaria europea que hacen posible y dinámica la integración.
Algunas de estas modificaciones, como la creación de una presidencia estable del Consejo Europeo y la intensificación de los poderes que ostenta el Alto representante para la política exterior y de seguridad común, también tienen por objetivo la consolidación de Europa como un actor global de peso en el escenario internacional. Una labor nada evidente, toda vez que la propia ciudadanía europea sigue siendo una realidad a medias. Quizás por ello José Luis Zapatero insista en que no habrá distinciones “entre el interés español y el europeo”.
Es más, el interés que le da España al complejo tema de qué tantos derechos y qué tantas libertades deben reconocerse a sus ciudadanos en un mundo globalizado —y para algunos inseguro—, pone de manifiesto la existencia de varios asuntos no resueltos que coparán, como los anteriores, la atención de analistas y grupos de presión. La inmigración y la violencia contra las mujeres, entre otros, ya forman parte de las cuestiones sociales sobre las que España probablemente se pronunciará antes del 30 de junio.
En este y no en un escenario de completa cooperación como el que todos quisiéramos, es que Colombia —y en general América Latina— habrá de aprovechar para llevar a feliz término algunas de sus fallidas relaciones con la Unión Europea. Al margen de que el mismo Zapatero hubiese manifestado en la última cumbre iberoamericana celebrada en Portugal que los acuerdos comerciales son “un proyecto básico” para España, la escasa importancia que ocupa América Latina en la agenda de las relaciones exteriores de la Unión Europea es motivo de preocupación. Pese a que el ideal de una integración económica, política y de cooperación con América Latina sigue siendo un buen motivo para asistir a las cumbres iberoamericanas, lo deseado no trasciende a lo operativo.
Con todo, las expectativas ante la firma de un tratado de libre comercio crecieron después de que se solventara en Ginebra la disputa por el arancel a las exportaciones de banano. Desde entonces, Colombia y Perú están en la lista de países con los que la Unión Europea podría finiquitar acuerdos comerciales. Que España lidere la Unión Europea por corto tiempo no deja de ser una situación potencialmente positiva.